El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) manifiesta su rechazo al anteproyecto de la ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, y considera que si finalmente se aprueba esta normativa en los términos en que está redactado el anteproyecto, el Estado estará dando un paso más hacia el colectivismo y el recorte de libertades individuales.
Especialmente desafortunados son algunos artículos como el 5.2, que incorpora un nuevo tipo de discriminación, la indirecta, que considera discriminadora cualquier práctica neutra que pueda ocasionar una desventaja a alguien, con lo que se podrá acusar de discriminación a prácticamente cualquier ciudadano, lo que generará una gran inseguridad jurídica; el 11, que establece que serán aplicables medidas de «discriminación positiva», lo que no deja de ser contradictorio en una ley que se llama «de igualdad de trato»; el 19, relativo al acceso a la vivienda, que en la práctica sustraerá a los propietarios la libertad de decidir a quién arrendar una finca de su titularidad; o el 25, que establece que el infractor deberá responder con su patrimonio en caso de existencia de discriminación, además del establecimiento de un régimen de sanciones que van desde los 150 euros para las leves hasta los 500.000 euros para las más graves.
En relación al régimen de sanciones, no podemos dejar de manifestar nuestro más absoluto rechazo a las disposiciones que autorizan al Gobierno a cerrar establecimientos en los que se haya producido discriminación o a hacer cesar en su actividad económica o profesional a la persona infractora. La primera de estas medidas va en la linea nefasta de la consideración de las personas jurídicas como sujetos de responsabilidad penal, mientras que la segunda provocará la muerte civil de la persona a quien se aplique la medida, a quien se impedirá ejercer su actividad. No nos engañemos: ambas medidas buscan dar respaldo legal a la facultad del Gobierno de cerrar empresas molestas (quizá algún medio de comunicación hostil) con el pretexto de que «han discriminado».
Por otro lado, como ya es habitual, se legitima a los sindicatos y a los partidos políticos para iniciar los procedimientos de denuncia de infracción de lo dispuesto en la ley, lo que demuestra que el gobierno considera a los partidos y sindicatos como inspectores o tutores de los ciudadanos.
Especialmente grave es también el contenido del artículo 28 del anteproyecto, que sigue la senda totalitaria del artículo 13 de la mal llamada ley de igualdad, estableciendo ambas la inversión de la carga de la prueba, de modo que corresponderá a la parte demandada demostrar su inocencia, en vez de ser la parte demandante o denunciante quien tenga que demostrar la culpabilidad del denunciado. Afortunadamente, de momento esa inversión de la carga de la prueba queda excluida de los procesos penales, pero de todos modos se vulnera la presunción de inocencia contemplada en la Constitución en el resto de procedimientos y se abre la veda para todo tipo de persecuciones y cazas de brujas.
El gobierno no desaprovecha la ocasión para incluir en la normativa medidas que suponen un aumento de la burocracia estatal y del gasto público, como la creación de un nuevo organismo del Estado: la Autoridad para la Igualdad de Trato y la No Discriminación. También crea las Conferencias Sectoriales y contempla, cómo no, el correspondiente otorgamiento de subvenciones y la aplicación de actividades formativas. En relación con la citada Autoridad, cabe destacar que el Anteproyecto establece que tendrá derecho a recabar datos personales de terceros sin su consentimiento, en lo que supondrá una nueva vulneración de los derechos individuales. Además, se crea la «Estrategia Estatal para la Igualdad de Trato y la No Discriminación», cuya aprobación corresponderá al Consejo de Ministros y que está por ver en qué consistirá, pero por lo pronto parece un instrumento más de ingeniería social.
Javier Rodríguez, Coordinador de Asuntos Jurídicos de la Comisión Ejecutiva del P-LIB en la Comunidad de Madrid, ha declarado hoy que «el P-LIB está a favor de la igualdad entendida como igualdad formal, es decir, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, que debe ser genérica«. «Asimismo –ha manifestado–, consideramos que debe reducirse cuanto sea posible la discrecionalidad de los órganos que ostenten poder coercitivo, y que el individuo debe ser libre en el ámbito de sus relaciones personales y patrimoniales, debiendo prevalecer siempre en estas últimas la libertad de contratación». «Este anteproyecto de ley vulnera todas estas condiciones y supone un preocupante paso más en la auto-atribución por los gobiernos de competencias que no les corresponden», ha concluido.
