El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) expresa su preocupación por la deriva controladora y liberticida del Estado en lo relacionado con el contenido de los medios de comunicación. Los medios de comunicación deben ser libres de publicar anuncios de cualquier tipo de productos o servicios, sin intromisión alguna del Estado. La reciente prohibición de los anuncios en los que se ofrecen servicios sexuales es un paso más en esa preocupante deriva. La visión moral de los gobernantes o incluso, si fuera el caso, la de la gran mayoría de la población, no puede esgrimirse como justificante para atropellar la libre relación comercial entre quien desea anunciar algo y quien ofrece el medio para hacerlo.
Desde el punto de vista de la lucha contra la explotación y la trata, contra la terrible prostitución forzada de miles de personas en condiciones espantosas, esta medida no sirve más que para ocultar el problema debajo de la alfombra. Lo que hace falta es legalizar por completo el negocio legítimo de la prostitución voluntaria así como los servicios derivados de agencia, de locales, etcétera. El P-LIB señala la hipocresía sin límites de los colectivistas de cualquier signo ideológico, que coinciden en negarse a adoptar esta medida y, al hacerlo, mantienen en la ilegalidad y en la práctica esclavitud a muchas de las personas que ejercen esta actividad profesional. Los políticos, en su ilegítimo afán moralista, resultan ser cómplices involuntarios pero necesarios de las peores redes criminales de trata.
Y desde el punto de vista de la libertad de prensa y de empresa, de información y de opinión, esta medida supone un terrible paso atrás en la ya mermadísima base económica de los medios de comunicación, sobre todo de los pocos periódicos y otros medios que aún sobreviven como independientes frente a los grandes grupos mediáticos. En España tenemos unos medios de comunicación que dependen en un porcentaje altísimo de las subvenciones y de la publicidad estatal. Quitarles ahora, de golpe, una de las pocas fuentes importantes de ingresos privados plurales, sin influencia alguna en la línea editorial, es un golpe más a la independencia y a la libertad de los medios, al pluralismo informativo y a la capacidad de los ciudadanos de formarse opiniones basadas en información veraz y no sesgada por la dependencia económica de los medios respecto a los políticos.
El P-LIB se reitera en su oposición a esta medida que por desgracia ha entrado finalmente en vigor, tal como hizo hace más de un año, cuando fue propuesta, y el pasado mes de abril ante el informe previo del Consejo de Estado. El presidente del P-LIB, Juan Pina, ha manifestado que «al Estado le da igual la situación de las personas que ejercen la prostitución, lo que le interesa es controlar económicamente a los medios de comunicación privados, todavía más de lo que ya venía haciendo», y ha señalado que «legalizar la prostitución como cualquier otra actividad económica es la única manera de acabar con la esclavitud de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras del sexo».
