El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) se ha dirigido a los directores generales de la Guardia Civil, la Policía Nacional y las tres policías autonómicas para solicitar que confirmen o desmientan la utilización en España de la técnica conocida como «SMS invisible» o «SMS silencioso» que ha generado considerable polémica en los Países Bajos, Francia y Alemania. El ministerio del Interior de este último país reconoce enviar cerca de medio millón de mensajes de este tipo al año. La técnica consiste en el envío de un mensaje especial que no llega a ser detectado por el destinatario ni deja traza alguna en su terminal, pero que envía al emisor los datos precisos para geolocalizarle.
Dada la coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el marco de la Unión Europea, el P-LIB considera probable que esta práctica esté extendida en todo el continente y concretamente en España. El P-LIB estima que esta práctica incurre de lleno en el supuesto de localización, protegido con nivel alto por la Ley Orgánica de Protección de Datos, y que por lo tanto requiere de una previa autorización judicial. El P-LIB también ha puesto en conocimiento de la Defensora del Pueblo estos hechos y la alarma que han causado en los países mencionados, con el ruego de que esa Institución abra un expediente para conocer en profundidad el uso o no de esta táctica por parte de los cuerpos policiales españoles, y en caso afirmativo actúe para proteger el derecho fundamental a la intimidad.
El P-LIB llama la atención sobre el aumento constante de los mecanismos de vigilancia sobre la población, desde la generalización de las videocámaras en espacios públicos hasta la implantación sistemática de escáneres corporales capaces de tomar y almacenar datos biométricos, y desde los registros generalizados en los aeropuertos hasta los intentos estatales de hacerse con el control de Internet. El P-LIB considera fundamental mantener el baluarte de una tutela judicial auténticamente efectiva para evitar la vulneración indiscriminada de nuestros derechos y libertades por parte de las autoridades y las fuerzas del orden.