El P-LIB no apoya las propuestas efectuadas ayer por la presidenta madrileña Esperanza Aguirre en el sentido de considerar jurídicamente a los profesores de la educación pública (y sólo a éstos) como agentes de la autoridad. El problema de violencia contra los profesores por parte de alumnos y padres debe resolverse mediante una prevención basada en la propia actividad docente, y no ayuda a ésta la consideración de los profesores como agentes del Estado. En cualquier caso, es un agravio comparativo dispensar un trato peor a los profesores de la escuela privada.
Por otra parte, el P-LIB no cree que deba ser más grave la agresión a un agente del Estado que la misma agresión contra cualquier otro ciudadano. Esa agravante es significativa de una sociedad que ha sobrevalorado al Estado. Si los profesores necesitan una protección jurídica superior, que se les dé por ser profesores, no por ser supuestos agentes de la autoridad.
Es muy significativo que la tasa de violencia contra los profesores sea radicalmente inferior en la escuela privada, y esto reafirma la posición del P-LIB respecto a nuestro modelo de educación. Creemos que la escuela pública es de mala calidad y está masificada y burocratizada. La falta de incentivos empresariales hace que las escuelas funcionen como negociados estatales y no como organizaciones orientadas a la excelencia, y convierte a los profesores en funcionarios cuando deberían ser profesionales interesados en la mejora constante de su propia capacidad. Pero esa mejora termina por olvidarse cuando fallan los incentivos económicos y cuando la seguridad laboral es vitalicia.
El P-LIB cree necesario expulsar al Estado de las aulas y ceñirle a su papel de árbitro de la actividad educativa y garante de los derechos individuales. Para ello, queremos implantar el cheque escolar, ampliar la base (y la pluralidad) de la oferta educativa y hacer que todos los niños tengan a su disposición escuelas privadas de calidad, en un régimen de competencia que reduzca los precios y eleve la profesionalidad. Naturalmente, pensamos que la educación es un derecho universal y por ello las familias incapaces de pagar la escuela privada de sus hijos deben recibir un cheque de valor medio de mercado para escoger libremente, desmantelándose paulatinamente la escuela estatalizada.
