El P-LIB considera que el tiempo le ha dado la razón, ya que finalmente el gobierno ha terminado por autorizar la presencia de agentes de seguridad privados, fuertemente armados, en los atuneros que faenan en zonas de alto riesgo de piratería. Venimos proponiendo esta solución desde el mismo día del secuestro del Alakrana por piratas somalíes. Discrepamos de la obligatoriedad de que sean las autoridades españolas quienes autoricen o no esa presencia a bordo de los barcos, y comprendemos a las empresas que prefieren operar bajo pabellones de conveniencia para evitar la injerencia estatal en su actividad.
Al mismo tiempo, nos parece injusto que el Estado asuma el coste de esa seguridad privada. Los contribuyentes no tenemos obligación alguna de costear la seguridad de empresas que actúan fuera de nuestras fronteras. Corresponde exclusivamente a esas empresas hacerse cargo de todos sus costes, entre ellos el de seguridad. Si este coste varía a causa de un cambio de las circunstancias en las que se produce su actividad, tendrán que ser los clientes de esas empresas quienes soporten el correspondiente incremento de precios, no el resto de la ciudadanía. Y serán las empresas concernidas quienes deban decidir si las nuevas circunstancias permiten o no continuar con el negocio. Pagar a esas empresas la seguridad privada o enviar fragatas que las protejan es, en realidad, subvencionar de forma encubierta su actividad. El P-LIB reitera su oposición a la Operación Atalanta por su alto coste para el contribuyente y por su demostrada inutilidad.
