La polémica de los últimos días respecto al Sistema Integrado de Intercepción Telefónica (SITEL) ha puesto de manifiesto la peligrosidad de dejar en manos del poder ejecutivo, sin la necesaria tutela judicial, tecnologías altamente sofisticadas que utilizará para espiar y vigilar no sólo a delincuentes sino a cualquier persona, incluso por motivos políticos. El P-LIB considera que ninguno de los dos grandes partidos está libre de culpa, ya que fue el PP quien lo incorporó en su momento, poco antes de perder el gobierno en 2004. Resulta evidente que tanto el PP como el PSOE están dispuestos a someter a la sociedad a cualquier nivel de vigilancia que consideren necesario, con desprecio de las garantías jurídicas y de derechos tan elementales como el secreto de las comunicaciones.
El P-LIB exige el control judicial del uso del SITEL y propone una enmienda al texto de la Constitución para profundizar y endurecer las garantías al secreto de las comunicaciones y al derecho al anonimato, que sólo pueden vulnerarse con autorización judicial previa. El secreto de las comunicaciones, evidentemente, no incluye sólo el contenido de las conversaciones sino también los datos conexos que aporta SITEL: coordenadas geográficas, identificaciones de los interlocutores, etcétera. Todos esos datos pueden ser útiles en la persecución del delito, pero corresponde exclusivamente a los jueces autorizar excepcionalmente su intercepción. Además, debe garantizarse el derecho a la encriptación informática, que se ha visto amenazada por diversos gobiernos en los últimos años. Ante el injerencismo del gobierno español y de muchos otros, el P-LIB anima a la industria del software libre a desarrollar y poner a disposición del público nuevos sistemas sencillos y sin coste que garanticen a los ciudadanos la plena condificación de sus comunicaciones de audio, vídeo y datos.
