La polémica surgida estos días por la paralización en Bruselas de la orden de subvenciones al cine elaborada este año por el Gobierno ha puesto de manifiesto una vez más la colonización del cine (y del resto de la cultura) por parte del Estado. El instrumento de esa colonización es el dinero de todos los ciudadanos, que se reparte a unos u otros proyectos cinematográficos en función del color político del gobierno de turno o simplemente de las amistades y enemistades entre cineastas y políticos.
El P-LIB propone la eliminación total de las subvenciones estatales al cine. Ni la administración central ni las autonómicas ni las municipales tienen derecho a usar el dinero de los contribuyentes para sufragar películas que en muchos casos son solamente posibles con esos fondos, ya que no reciben ni un céntimo de inversión privada y tampoco las ve después casi nadie. Las películas tienen que responder a una lógica económica elemental. O bien son rentables por su demanda entre el público, o bien alguien tiene que patrocinarlas si cree que a pesar de su falta de demanda merecen ser realizadas. Pero ese alguien tendrá que hacerlo voluntariamente, no forzado por vía fiscal. El P-LIB propone, junto a la eliminación de subvenciones, un tope de desgravación mucho más generoso para el mecenazgo cultural de empresas y personas físicas, incluido el cinematográfico, sin preselección estatal de los proyectos patrocinables. Al mismo tiempo, y en la medida en que el consenso social siga requiriendo un apoyo ciudadano obligatorio a la cultura (obligación que no compartimos) exigimos que al menos cada ciudadano pueda decidir a qué manifestaciones culturales irá su aportación personal. Los medios telemáticos actuales permiten este tipo de decisiones directas del ciudadano, que al menos producen el beneficio evidente de que no sean los políticos sino la sociedad civil, de forma directa, quien guíe su propia cultura libre y espontáneamente.
