El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) ha seguido con interés la presentación de las propuestas del gobierno de cara a la reforma del sistema de pensiones. La primera conclusión que sacamos de la posición del Ejecutivo es que incluso un gobierno tan profundamente socialdemócrata como el presidido por José Luis Rodríguez Zapatero reconoce entre líneas y a regañadientes que el sistema actual es un fracaso, y que resulta incapaz de garantizar un futuro digno a nuestros pensionistas y trabajadores.
Pese a todos sus matices y eufemismos, el diagnóstico que hace el gobierno es hasta cierto punto correcto. Lo incorrecto es el tratamiento que Zapatero pretende dar al sistema de pensiones enfermo. Propone algunos cambios que van en la buena dirección (aumento del peso de lo contribuido por cada persona en el cálculo de su pensión, cómputo de todo lo cotizado en lugar de una parte de los años de cotización, mayor importancia de los planes complementarios privados, etc.), pero se equivoca en lo principal: el tipo de sistema de pensiones. Las medidas propuestas intentan aproximar el sistema «de reparto» actual a las ventajas de un sistema de capitalización como el que propone el P-LIB, pero eso es ponerle parches al nefasto sistema actual atrasando el inicio de la imprescindible transición hacia el nuevo.
El sistema «de reparto» es una estafa social equiparable a los fraudes piramidales, y sólo es legal porque quien lo comete es el propio Estado. Es injusto y contrario a toda ética que cada generación deba pagar las pensiones de la generación anterior, cuando ésta cotizó durante décadas y ve ahora cómo el Estado, en vez de devolverle sus aportaciones con la capitalización correspondiente, le da en cambio cantidades arbitrarias que no se corresponden directamente con el esfuerzo realizado. Los mayores deberían ser las personas más solventes de una sociedad, tras una vida entera de trabajo, y sin embargo el sistema «de reparto» les ha condenado a la miseria. Además, los cambios sociodemográficos y económicos hacen del sistema una bomba de relojería porque, sencillamente, es insostenible por más que se parchee.
El P-LIB pide al gobierno, a las fuerzas políticas con representación parlamentaria y a los agentes sociales que tengan la valentía necesaria para considerar realmente y sin prejuicios ni apriorismos el sistema de capitalización individualizada para cada trabajador. El consenso extremo sobre esta cuestión, nucleado en torno al Pacto de Toledo, es un corsé que ahoga a la sociedad al imponerle el mantenimiento de un sistema injusto y fracasado, que sólo ha conseguido empobrecer a nuestros mayores y proyectar sobre los trabajadores en ejercicio la sombra de un futuro de pobreza y dependencia.
El P-LIB lamenta la propuesta de aumentar en dos años la edad estándar de jubilación. Creemos que no corresponde al Estado decidir cuándo deben jubilarse las personas, sino que son ellas, mediante la construcción de su propia pensión a lo largo de toda una vida laboral, quienes deciden día a día, año a año, las características de su futura jubilación: el momento de la misma, la renta que percibirán, etc.
El P-LIB apoya los esfuerzos de diversas organizaciones, entre ellas el Círculo de Empresarios y la Asociación para la Reforma de las Pensiones (ARP) en pro de un sistema de pensiones basado en la capitalización personalizada de las aportaciones de cada trabajador. En su calidad de secretario general de la ARP, el presidente provisional del P-LIB, Juan Pina, realizó ayer unas declaraciones a La Vanguardia sobre esta cuestión. Aunque tiene una importante presencia de miembros de nuestro partido y está presidida por Roald Schoenmakers, miembro del Comité Ejecutivo provisional del P-LIB, la ARP es una plataforma amplia donde participan personas de diversas tendencias políticas y con varias militancias de partido. El P-LIB va aún más allá que la ARP al considerar, además, que el futuro sistema de capitalización no debe ser gestionado por el Estado sino por entidades privadas, parecidas a las actuales mutuas de accidentes o, sencillamente, por empresas de la industria aseguradora. El P-LIB considera imprescindible despolitizar por completo las pensiones, su monto y características, y para ello es necesario expulsar al Estado de su gestión y dejarla en manos de entidades especializadas.
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