El caso de María Dolores de Cospedal ha puesto de manifiesto una vez más la necesidad de limitar el alcance del pluriempleo político en nuestro país. Resulta insultante para muchos ciudadanos que, en plena crisis y con unas cifras de desempleo extremas, la dirigente popular (como tantos otros cargos de los partidos del establishment político español) reciba un cuarto de millón de euros al año. Nada tendríamos que objetar si los percibiera de empresas privadas o de entidades no lucrativas pertenecientes a la sociedad civil y ajenas a toda financiación pública. Sin embargo, se trata de sueldos institucionales y/o percibidos del Partido Popular, un partido que, como los demás partidos del arco parlamentario actual, nos cuesta dinero a todos y no únicamente a sus afiliados, ya que vive esencialmente de dinero público. El P-LIB, a la vista de estos casos de saqueo legal del erario público, se enorgullece de ser la única fuerza política española que rechaza formalmente, por expreso mandato estatutario, cualquier subvención del dinero de los contribuyentes, y se compromete a financiarse única y exclusivamente con las aportaciones directas y voluntarias de sus afiliados y de cualquier otro donante.
