El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) rechaza el triunfalismo con el que muchos medios de comunicación han acogida la colocación de deuda portuguesa en la jornada de ayer, ya que sólo una fuerte intervención del Banco Central Europeo (BCE) ha logrado transmitir artificialmente la impresión de que Lisboa ha tenido éxito. El BCE lleva desde el lunes comprando masivamente bonos de deuda pública de diversos Estados europeos, la gran mayoría portugueses, precisamente para generar esa falsa percepción. Lo peor del «quantitative easing» a la europea es que ni siquiera existe la necesaria transparencia sobre las compras de deuda soberana. Estas compras constituyen rescates encubiertos, y se efectúan con dinero inexistente, carente de respaldo real.
Las palabras del comisario Rehn durante su rueda de prensa de ayer hacen presagiar que también España va a recibir un rescate discreto por la vía de una adquisición extraordinariamente alta de deuda española. Este balón de oxígeno permite al Estado mantener la ficción de que atiende a sus obligaciones económicas, paga los sueldos de los funcionarios, etc., cuando en realidad lo está haciendo únicamente gracias a la venta de bonos a precios insoportablemente altos que habrán de pagarse en los años sucesivos.
Además, la amenaza de un gobierno económico europeo se cierne sobre el continente, y no para establecer mecanismos de estabilidad plena basados en un patrón monetario objetivo, sino para mantener la politización y la artificialidad de la cuantía del circulante y del valor del dinero. En definitiva, para seguir haciendo de la economía un arriesgado juego de políticos y burócratas.
Nos oponemos al «rescate» de nuestra economía por los mismos motivos que nos opusimos al de Grecia o Irlanda. No creemos que la solución al problema sea aplazarlo incurriendo en unos niveles insoportables de endeudamiento. El P-LIB reitera su apuesta por un ajuste económico realmente severo que reduzca en muy gran medida la necesidad de endeudamiento, así como por la venta de empresas públicas y otros activos, y por un tope constitucional a la deuda de todas las administraciones públicas y a la carga tributaria que soportan los ciudadanos y las empresas.
