El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) considera el anuncio gubernamental de reducir la velocidad máxima en autovías como una medida injusta e inconducente que sólo demuestra la desesperación recaudatoria del Ejecutivo. El P-LIB condena con la máxima contundencia esta medida propia de los regímenes autoritarios que consideran legítimo injerirse en los hábitos de consumo y en la vida privada de los ciudadanos. De hecho, en nuestro país fue la dictadura franquista la que adoptó medidas similares. Los ciudadanos necesitan normas claras, sencillas y de largo plazo, que no cambien porque al gobierno de turno no le salen las cuentas macroeconómicas. El conductor que consume más gasolina también la paga. El Estado ya le cobra un impuesto de hidrocarburos brutal, tan confiscatorio que puede considerarse un robo. Si con el combustible comprado en esas condiciones de falta casi total de libertad el conductor quiere ir a una u otra velocidad, el Estado no es quien para impedírselo. Los límites de velocidad, que probablemente podrían eliminarse en muchos tramos, tienen como única legitimación la seguridad de los demás conductores. Introducir una motivación distinta, la del ahorro forzado, crea un mal precedente y pone de manifiesto que nuestro gobierno actúa movido por lo que Hayek denominó acertadamente «fatal arrogancia». Es la prepotencia de unos déspotas ilustrados que se creen capaces y legitimados para tomar por nosotros cada una de nuestras decisiones.
Los contribuyentes van a soportar ahora el coste añadido a las arcas públicas de modificar seis mil señales. Sólo son unas 250.000 euros, pero son perfectamente prescindibles. La medida crea inseguridad jurídica al establecer una modificación de las reglas de conducción de manera transitoria, lo que conduce a confusión y puede alterar innecesariamente la seguridad de la conducción. El P-LIB denuncia que esta medida en realidad pretende generar infracciones involuntarias e inevitables que alimenten la recaudación por sanciones. Además, esta medida nos distancia de los países europeos más avanzados donde se puede circular a 130 ó 140 km/h o sin límite de velocidad por autopista.
En estos últimos meses el gobierno socialista actúa como un caballo desbocado. Está desatado en su adopción constante de medidas liberticidas. En unos pocos meses hemos visto leyes y normas que restan libertad a los propietarios de bares y locales, reducen la presunción de inocencia, intentan controlar Internet, promueven la censura de los medios audiovisuales o, ahora, juegan «temporalmente» con los límites de velocidad. Los liberales rechazamos esta pesadilla con profunda indignación. Repudiamos con náuseas la línea de pensamiento que lleva a los políticos colectivistas a plantear o convalidar medidas de esa naturaleza. Pero lo que realmente nos preocupa es la indiferencia ciudadana ante el liberticidio constante, que cada mes implica una nueva vuelta de tuerca y una nueva invasión de la soberanía personal.
Cabe preguntarse hasta dónde vamos a llegar sin que la sociedad civil, empachada de paternalismo pero anestesiada por el hiperestado, reaccione de una vez y se resista a regirse por leyes estúpidas, ridículas e ineficaces que recortan ilegítimamente la libertad de todos. El P-LIB, obviamente, no puede llamar al incumplimiento de norma alguna. Pero sí puede recomendar la lectura de la magnífica obra «El deber de la desobediencia civil» de Henry David Thoreau. Y también puede ofrecer, al menos, su comprensión y solidaridad a cuantas personas resulten acusadas por delitos e infracciones que no son tales, en virtud de los caprichos de un Estado que nos toma por marionetas.
