La Comisión Ejecutiva catalana del Partido de la Libertad Individual (P-LIB) expresa su oposición al proyecto de un «contrato de integración» para los inmigrantes, que hoy votará la cámara autonómica a propuesta del Partido Popular y que con toda probabilidad será rechazado. El P-LIB considera necesario que los partidos políticos den un tratamiento responsable de los asuntos que preocupan a la ciudadanía, y la inmigración es uno de ellos. No nos parece responsable que el PP catalán utilice una cuestión tan sensible como moneda de cambio en la negociación de los presupuestos autonómicos.
Todo lo que establece la propuesta de «contrato» del Partido Popular es discriminatorio para las personas que no tienen la nacionalidad española. La primera discriminación se produce al pretender aplicar a las personas extranjeras radicadas en Cataluña determinados requisitos que no son preceptivos para los extranjeros residentes en el resto del territorio español. Este tipo de “contratos” no está contemplado en el recién aprobado reglamento de la Ley de Extranjería, que regula todo lo relacionado con los deberes y derechos de los extranjeros en España. El artículo 2 bis de la mencionada ley dispone que:
«2. Todas las Administraciones Públicas basarán el ejercicio de sus competencias vinculadas con la inmigración en el respeto a los siguientes principios:
c) la integración social de los inmigrantes mediante políticas transversales dirigidas a toda la ciudadanía;
d) la igualdad efectiva entre mujeres y hombres;
e) la efectividad del principio de no discriminación y, consecuentemente, el reconocimiento de iguales derechos y obligaciones para todos aquellos que vivan o trabajen legalmente en España, en los términos previstos en la Ley”.
La norma propuesta por el PP vulnera esos principios, ya que establece que las personas inmigrantes deben comprometerse por escrito a “adquirir un conocimiento adecuado de la vida civil, con especial referencia a los campos de la salud, la educación, los servicios sociales, el trabajo y las obligaciones fiscales”. ¿Cuántos nacionales españoles han acreditado documentalmente esos conocimientos y competencias, para que el Estado les garantice el libre ejercicio de su ciudadanía?
También se obligaría al ciudadano extranjero a “retornar a su país de origen si por espacio de un período de tiempo no posee un lugar de trabajo ni medios de subsistencia”. Tanto la permanencia como la movilidad geográfica, son derechos inherentes a la persona, de libre decisión de cada quien y que en ningún caso deben estar al arbitrio del Estado. Rechazamos el tratamiento meramente instrumental –en función de su estatus laboral– que el Partido Popular hace de las personas extranjeras en este caso.
El Coordinador de Relaciones Institucionales del P-LIB catalán, Eduardo Martínez, ha pedido esta mañana «a los dirigentes del Partido Popular en Cataluña que retiren antes de su votación este proyecto de ley, ya que es contrario al espíritu de la vigente Ley de Extranjería y dividiría la sociedad en ciudadanos de primera y de segunda categoría en función de sus obligaciones y derechos por razón de nacionalidad». «Igualmente solicitamos a CiU que no ceda a las presiones del Partido Popular para la aprobación de una ley que no favorece en absoluto la igualdad jurídica de las personas que habitan en Cataluña», ha añadido.
