El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) en Cataluña considera insuficientes las medidas requeridas por la Asociación Catalana de Radio (ACR), documento en el que se solicita al gobierno catalán la supresión de COM Ràdio, emisora adscrita a la Diputación de Barcelona. Según esta asociación sectorial, el peso de las emisoras públicas debería limitarse al cincuenta por ciento del espectro radioeléctrico catalán. La ACR opina que existe una duplicidad de funciones tanto en cobertura geográfica como en la programación de contenidos, entre esa emisora y Catalunya Ràdio, dependiente de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) que controla la Generalitat de Catalunya.
Actualmente en Cataluña existen alrededor de doscientas cincuenta emisoras locales, cuya operación está subvencionada casi en su totalidad por los respectivos ayuntamientos, a una media de quinientos mil euros por consistorio. En esta Comunidad operan también COM Ràdio y Catalunya Ràdio, la primera dependiente de la Diputación de Barcelona y la segunda financiada por el gobierno autonómico. Entre ambas percibieron durante el ejercicio 2010, más de cuarenta y siete millones de euros en subsidios públicos para su funcionamiento.
Eduardo Martínez, miembro de la Comisión Ejecutiva del P-LIB catalán, ha declarado hoy que el Programa Político Marco del partido propone “la disolución o privatización (de los medios de comunicación de titularidad pública), urgente no sólo por su despilfarro extremo y por su competencia desleal con los medios privados, sino también por su inevitable politización, que ocurre con independencia del partido gobernante en cada caso. El Estado debe liberar el espacio radioeléctrico y subastar tantas licencias de emisión de radio y televisión en abierto como la tecnología permita, sin conformar reservas de cuota de mercado”.
Según manifiesta en su documento la ACR, el doble sistema de financiación “altera de manera grave” la competencia por un mismo público, al tiempo que disimula lo “extraordinariamente ineficaces e ineficientes” que, a su parecer, son las emisoras públicas. Según los datos que maneja el gremio catalán, el coste por trabajador de la emisora de la Generalitat se sitúa, de media, en 63.362 euros anuales, mientras que el de un empleado de RAC 1 –propiedad del Grupo Godó y líder de la radio privada en Cataluña– ronda los 35.416 euros.
En base a estos datos, Martínez ha señalado que “debemos ir más allá incluso de lo planteado por la ACR, eliminando todo tipo de control de los medios de comunicación por parte de cualquier instancia gubernamental”.
