La reforma del Art. 135 de la Constitución, que hoy ha concluido en el Congreso su primer trámite parlamentario, es una torpe chapuza que pone de manifiesto la extraordinaria fatiga del régimen político instaurado en 1978 y administrado desde 1982, ininterrumpidamente, por un partido colectivista bicéfalo cuyas dos expresiones, francamente intercambiables en casi todo, son el PP y el PSOE. Hurtar a la sociedad el debate sobre una reforma constitucional pretendidamente profunda constituye un despropósito casi tan grave como la aplicación prepotente del rodillo parlamentario del PPSOE, que, digan lo que quieran los coros mediáticos habituales, no puede arrogarse la representación plena de una sociedad tan diversa como la española. Someter a referéndum la regla evidente de que no se puede gastar de forma indefinida más de lo que se ingresa tal vez habría sido redundante o ingenuo. En caso de perderse ese plebiscito se habría otorgado carta de naturaleza a una indisciplina presupuestaria que podría haber crecido aún más con la supuesta legitimación popular (como si las urnas pudieran conceder legitimidad a lo imposible). Pero no hacerlo constituye un error todavía peor, porque la Constitución que tanto defienden los dos grandes partidos y a la que se aferran para impedir cualquier cambio de nuestro marco institucional, se ha visto modificada de un plumazo, con prisas, sin deliberación, sin el concurso de todos sus artífices originales y sin el refrendo de la población. Es evidente que la Constitución sale de este trance muy debilitada. Sale forzada por la casta popular-socialista que se cree su dueña y la del país. Pero a estas alturas resulta evidente que al PPSOE ya le da igual todo, que ya no le importa mantener la apariencia de democracia. Ahora ya les vale cualquier atropello, incluso uno que habría sonrojado a los políticos de la Transición o a los de cualquier país con una democracia más sólida y madura. Les vale el Veto Electoral para consolidar aún más el coto privado que es la política española, y les vale una reforma constitucional indigna de tal nombre.
Ni siquiera podemos alegrarnos de que, pese a lo impresentable del procedimiento, se haya introducido algo de sensatez económica en la carta magna. No es así. El texto habla de disciplina presupuestaria pero no establece topes concretos al déficit, ni topes específicos al porcentaje de endeudamiento, ni mucho menos topes a la carga tributaria que soportaremos los ciudadanos y las empresas. El texto anuncia una reforma para dentro de siete años, y deja a la ductilidad de las leyes orgánicas del propio PPSOE la fijación de los porcentajes anuales. El texto abre la puerta a una fortísima subida de la presión fiscal para aumentar los ingresos del Estado en vez de reducir sus gastos, que es lo que necesitamos. El texto es una vulgar estratagema para engatusar a los inversores y convencerles de aquello que, de todas maneras, nadie en su sano juicio cree: que la clase política española se ha decidido a moderar su obsceno despilfarro. ¿A quién pretenden engañar? En España, donde a diferencia de muchos otros países europeos ni hay un partido liberal en las instituciones ni ha permeado casi nada del liberalismo económico básico en los demás partidos, la casta política volverá a gastar irresponsablemente nuestro dinero actual y futuro tan pronto como pueda. De hecho, apenas ha atenuado esa práctica pese a la crisis extrema de nuestra economía.
España y todo el mundo desarrollado necesitan un cambio de paradigma en economía política. El Estado no puede endeudar salvajemente a las futuras generaciones, ni cobrar impuestos confiscatorios a la población. No puede jugar con el valor del dinero ni hacer de aprendiz de brujo hinchando burbujas en determinados sectores ni rescatando a ciertas empresas. El problema más grave de España y de Occidente es el Hiperestado que se ha enseñoreado de nuestras vidas y haciendas. Desmontarlo es esencial para devolver a las personas el control de sus vidas, y a la economía su natural discurrir y su orden espontáneo. El P-LIB reclama desde su misma fundación topes constitucionales directos y por supuesto cuantificados a la deuda y a la carga tributaria. Los colectivistas que tanto reclaman derechos de todo tipo deben saber que nosotros exigimos nuestro evidente derecho a no pagar más allá de un determinado tope garantizado por la ley de leyes, y a que la deuda que en nuestro nombre se contraiga no supere un tope igualmente inscrito en la Constitución. Pero una reforma en la línea que propugnamos no podría hacerse por la fuerza ni de espaldas a la sociedad. Que el PPSOE no lo comprenda da una idea de hasta que punto están ciegos sus dirigentes.
