Ante el debate social y político de estos días, el Partido de la Libertad Individual (P-LIB) reitera su oposición frontal a toda subida de impuestos en estos momentos de gravísima crisis económica. La orientación de esa subida a las personas con mayor renta o patrimonio es una burda maniobra destinada a encubrir el objetivo de subida generalizada. Es necesario aclarar, además, que esas personas ya pagan muchos más impuestos que el resto. El P-LIB reitera que en materia de fiscalidad, como en casi cualquier otra, la proporcionalidad es una virtud. Los impuestos actuales están desproporcionados, ya que no se paga más o menos al Estado en proporción directa a la mayor o menor renta, sino un porcentaje diferente. El P-LIB no se opone a distorsionar aún más ese porcentaje porque se sienta particularmente solidario con esas personas, sino porque la subida abriría las puertas a una paulatina extensión de esos incrementos hacia capas cada vez más amplias de la población. Los efectos recaudatorios de esta medida son irrelevantes, lo que revela su condición de mera cortina de humo para desviar el debate respecto a lo realmente importante: la reducción inmediata y drástica del gasto público y de la deuda estatal. El Estado no tiene que ampliar la recaudación para cubrir sus gastos, sino reducirlos para ajustarse a la tributación que la sociedad pueda asumir, la cual, en estos tiempos, debería reducirse sustancialmente para todos. Cada euro que acaba en las arcas del Estado en vez de mantenerse en los bolsillos de la gente (pobre o rica) es un euro que se diezmará, sirviendo la mayor parte de sus céntimos para nutrir el despilfarro y hasta la corrupción. Cada euro que, por el contrario, circule en la calle, contribuye a la creación de riqueza y empleo. Por eso es irrelevante que se consagre en la Constitución un tope al déficit (sobre todo si ni siquiera se cuantifica), sino que habría que introducir directamente un máximo a la deuda (que se ha convertido en la droga de los políticos) y a la carga tributaria de empresas y particulares. Y, desde luego, el Estado no tiene que emplear el dinero de todos nosotros para «estimular» arbitrariamente determinadas empresas o sectores, como vuelve a hacer ahora el presidente Obama en un nuevo e irresponsable despilfarro que no resolverá nada, sino reducir a la mínima expresión su propio volumen, sus exigencias tributarias y su regulación de las actividades económicas y del mercado de trabajo. Sólo así podrá la sociedad civil retomar la senda del emprendimiento y de la creación de empleo.
