El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) denuncia la puesta en marcha del nuevo Censo de Población y Vivienda, iniciada con el envío de cuestionarios a miles de familias españolas, las cuales están obligadas a contestarlos verazmente bajo penas de multa que van de los 60 hasta los 30000 euros. El censo, de una minuciosidad extrema, constituye una intromisión inadmisible por parte del Estado en la vida privada de los ciudadanos. Sólo hay que echar un vistazo al cuestionario para darse cuenta de que muchas de sus preguntas constituyen una invasión realmente insoportable de la privacidad personal de los respondentes. Si el Estado necesita datos, debe buscarlos cruzando diversas bases de datos públicas y voluntarias, y no someter a los ciudadanos a lo que constituye un auténtico interrogatorio. La obligación legal de responder el cuestionario es ilegítima. Por ello, el P-LIB expresa su comprensión a los ciudadanos que opten por no responder. En este sentido, el Vicepresidente tercero del P-LIB, Álvaro Chena, ha declarado que “existen pocos instrumentos más efectivos para controlar a la población que los censos obligatorios, que son instrumentos propios de Estados totalitarios. Nadie debería verse obligado a dar datos personales en contra de su voluntad.”
