El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) rechaza las medidas de incremento de los ingresos estatales a costa de la presión fiscal. El Presidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, hizo pública hace pocos días una lista de medidas para el futuro inmediato. Entre los planes se encuentra el aumento de la presión fiscal que soportan los ciudadanos mediante el incremento de impuestos como los que se aplica al consumo de agua y de combustibles. También se prevé incrementar el precio de la matrícula en las universidades públicas y aplicar una “sobretasa” por el uso de los servicios sanitarios de la Generalitat. El P-LIB se ha venido manifestando firmemente contrario al copago, que es en realidad un doble pago, y apuesta por la privatización de la sanidad y otros servicios esenciales, limitándose las administraciones públicas a garantizar el universal acceso mediante sistemas de cheque para la minoría que no pueda costearse el servicio o seguro correspondiente. Mas ha justificado la necesidad de adoptar todas estas decisiones apoyándose en el enorme déficit que presentan a esta fecha las finanzas públicas catalanas.
En relación con estas medidas, Eduardo Martínez Narváez, Coordinador del P-LIB catalán, ha declarado que “los contribuyentes terminamos siempre pagando más tributos, más tasas y más gravámenes. Ese dinero en lugar de ir al establecimiento de nuevas empresas, al consumo privado o a la creación de empleo, se usa para mantener un aparato burocrático estatal ineficiente y que en muy pocas ocasiones –por no decir ninguna– ofrece servicios de calidad ni con una adecuada relación calidad-precio”. “Si bien el saldo negativo entre ingresos y gastos en el sector público catalán es de una magnitud importante, lo procedente por parte de un partido que se dice liberal como CDC no sería multiplicar la carga fiscal a los ciudadanos, sino llevar hasta el máximo posible la reducción de empresas públicas, de participaciones industriales, de subvenciones de todo tipo, de ayudas a compañías privadas, etcétera», ha añadido.
En la actualidad la Generalitat de Cataluña, como otras muchas administraciones públicas a todos los niveles territoriales, posee participación o incluso es propietaria única, de empresas que operan en los más diversos sectores de la economía. Concretamente, en el caso de la Generalitat cabe mencionar empresas como la Agencia Catalana del Agua, el Instituto Catalán de Finanzas, Fira de Barcelona, Televisión de Cataluña, Spanair, Instituto Catalán del Suelo, Puertos de la Generalitat, etc. Desde líneas aéreas hasta empresas constructoras, desde compañías que organizan ferias y eventos, hasta entidades financieras, pasando por medios de comunicación. El P-LIB considera ilegítimo que las administraciones públicas detenten participaciones en empresas. La actual crisis hace necesario vender esas participaciones para pagar la deuda desmedida en la que ha incurrido el Estado a todos los niveles territoriales. La deuda no se resuelve con bonos «patrióticos», es decir, más deuda aún, sino con políticas de extrema austeridad, reducción drástica de los niveles de endeudamiento liquidando activos, topes al futuro endeudamiento, adelgazamiento del Estado y bajada radical de la presión fiscal.
“Son del todo injustificables los aumentos impositivos contra el ya maltrecho bolsillo de los catalanes, ya que existe margen de sobra para reducir el tamaño de la administración pública catalana y con ello los gastos que genera”, concluye Martínez.
