El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) considera que el plan de ajuste italiano constituye un peligroso precedente para España. El nuevo ejecutivo que presidirá Mariano Rajoy no debe caer en el mismo error que los tecnócratas de Roma. La crisis sólo puede combatirse aligerando el peso insoportable del Estado sobre los ciudadanos y devolviendo las decisiones a la sociedad civil organizada en mercados libres. Se equivoca profundamente el gobierno italiano al limitar su política de austeridad a unos recortes prácticamente cosméticos y basar el grueso del plan en el incremento de los ingresos estatales en unos 18.000 millones de euros. Además, la instauración de nuevos impuestos, el incremento de otros ya existentes y las medidas de persecución al contribuyente (incluyendo la aberración de prohibir pagos en efectivo) no ayudan a la recuperación y producen en cambio una considerable inseguridad y desconfianza que redundarán en una menor creación de empresas y empleo.
El P-LIB no tenía la menor esperanza de que los nuevos gobiernos que van tomando el poder en Europa a raíz de la crisis adoptaran realmente medidas capaces de combatirla. Las medidas italianas así lo confirman. Monti ha adoptado las decisiones que interesan al establishment corporativista italiano y a la red internacional de bancos centrales e instituciones financieras monetaristas, en su intento desesperado por inflar una nueva burbuja de crédito que engulla las ingentes cantidades de deuda soberana fallida. No son, desde luego, las decisiones que convienen a los ciudadanos.
El Estado no tiene en España un problema de ingresos, sino de gasto, pero el P-LIB sospecha que Mariano Rajoy, incapaz de salirse del guion que le dicta la ortodoxia keynesiana, va a seguir el mismo camino de servidumbre que Monti y obligará a los españoles a un enorme esfuerzo fiscal directo e indirecto. En este orden de cosas, resulta humanamente comprensible que millones de contribuyentes grandes y pequeños busquen fórmulas de evitación legal de impuestos o, sencillamente (en una economía globalizada) opten por hacer negocios en jurisdicciones menos confiscatorias.
