El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) expresa su oposición a la concesión de una moratoria de diez años a las entidades locales y comunidades autónomas para que éstas puedan devolver al Estado las cantidades que actualmente le adeudan, moratoria que fue anunciada por el ministro de Hacienda el pasado viernes, con ocasión de la convención de cargos electos del PP celebrada en Málaga.
Aun cuando dicha deuda obedezca al cálculo erróneo realizado en su día por el anterior gobierno socialista, al ingresar a las entidades territoriales los anticipos a cuenta de su participación en los tributos del Estado, entendemos que la concesión de la anunciada moratoria (que no es sino una ampliación de la de cinco años ya concedida en su día por el Gobierno de Zapatero para la misma deuda) constituye un gravísimo error y, sobre todo, una afrenta a los contribuyentes por las siguientes razones:
- En primer lugar, porque supone una odiosa discriminación con respecto al trato que los contribuyentes reciben por parte de la Administración del Estado, la cual nunca ha dado –ni dará– muestras de una generosidad semejante con el resto de deudores cuando éstos son simples ciudadanos de a pie o empresas privadas. A estos, por el contrario, se les persigue con el uso de todos los medios coactivos de la maquinaria estatal para que paguen hasta el último céntimo de lo que adeudan al Estado más costas e intereses, sin consideración alguna a cuál sea su situación financiera personal. En cambio, a los gobiernos locales y regionales se les otorga una moratoria sin mayor justificación. La discriminación resulta todavía más odiosa, si cabe, atendiendo al hecho de que los propios gobiernos beneficiados que tanto reclamaron dicha moratoria no están en cambio dispuestos a dar el mismo trato a sus deudores, a los que continuarán persiguiendo con todos los medios a su alcance, mientras reclaman cínicamente para sí mismos un trato privilegiado. ¿O es que acaso los ayuntamientos y comunidades autónomas beneficiados por esta medida van a conceder una moratoria semejante a sus contribuyentes para el pago de los impuestos municipales y autonómicos?
- En segundo lugar, la medida supone una clara acción de fomento de la cultura de la irresponsabilidad, tan lamentablemente arraigada en nuestras administraciones públicas. Es cierto que la deuda de entidades locales y comunidades autónomas se originó por un error de la Hacienda del Estado, que anticipó a aquellas cantidades muy superiores a las que luego fueron efectivamente recaudadas, como consecuencia de la reducción de ingresos fiscales derivada de la crisis. Pero la misma imprevisibilidad se ha producido en el caso de miles de familias y empresas que, de un año para otro, han visto bruscamente reducidos sus ingresos como consecuencia de esa misma crisis, lo que les ha llevado a tener que ajustar sus gastos a los ingresos realmente percibidos. ¿Por qué razón ha de eximirse a los gobiernos locales y regionales de llevar a cabo ese mismo ejercicio de reducción de gasto al que se ven obligados el resto de los mortales? Medidas como ésta no hacen sino fomentar la absurda creencia de muchos dirigentes políticos de que la realidad económica no rige para ellos. Y no deja de ser lógico que acaben creyendo tal barbaridad, ya que la ley consagra y alienta la irresponsabilidad de los gobiernos, otorgándoles privilegios tan anacrónicos e injustificables como la inembargabilidad de sus bienes y derechos o la posibilidad de incrementar de modo coactivo y sin límite alguno sus ingresos fiscales, haciendo pagar al contribuyente los errores y despilfarros de su gestión. Si a estos formidables privilegios estructurales se añade la prebenda coyuntural de una moratoria como la anunciada, la quiebra de un principio tan elemental como es el de igualdad ante la Hacienda del Estado –en función de que el deudor sea un ciudadano o un gobierno– está servida.
En relación con dicha medida, el Secretario General del P-LIB. Francisco Cacharro, ha manifestado su rotunda oposición a la misma, calificándola de “simple parche que no resolverá los problemas de las haciendas locales y autonómicas, induciéndolas en cambio a continuar por la senda del despilfarro y la mala gestión”. En este sentido, ha señalado que «el P-LIB apuesta decididamente por la descentralización política y administrativa y por el principio de subsidiariedad pero entiende que el otorgamiento de autonomía política a los gobiernos territoriales lleva aparejada, de modo ineludible, la asunción por éstos de su responsabilidad en el ejercicio de su labor de gobierno. No puede haber libertad sin responsabilidad”. Por ello, asevera, «el P-LIB considera que la solución a los problemas de las haciendas locales y autonómicas no pasa por el otorgamiento de privilegios por parte del Estado, sino, por el contrario, por reformas de carácter estructural que implanten una plena cultura de la responsabilidad en las administraciones públicas: reformas que, entre otras cosas, implican la urgencia de derogar el privilegio de inembargabilidad de los bienes y derechos públicos, la implantación de una verdadera corresponsabilidad fiscal, de normas verdaderamente efectivas para exigir responsabilidad a los gestores públicos por sus actos de despilfarro o mala gestión y, naturalmente, de reducción del gasto público a aquellas funciones que realmente competan a las administraciones públicas y que la sociedad civil no pueda gestionar por sí misma”. En particular, y al hilo de esta última consideración, Cacharro advierte que “en torno a un tercio del gasto público municipal se destina a los llamados servicios impropios, esto es, a asuntos que la ley no considera como de competencia local; el saneamiento de las haciendas locales debería empezar precisamente por una paulatina pero decidida reducción de dichos gastos impropios”.
