El reciente acuerdo de la alianza CiU-PP en el Ayuntamiento de Barcelona, dirigido a aumentar las restricciones al consumo de alcohol en la vía pública, representa una nueva arremetida contra la libertad de los barceloneses y su autonomía personal por parte de los funcionarios públicos.
Emulando lo ocurrido en los Estados Unidos durante el siglo pasado con la llamada “Ley Seca”, CiU y el Partido Popular han pactado para modificar la normativa ya existente, que prohíbe la ingesta de bebidas alcohólicas en los espacios públicos de Barcelona. Hasta la fecha se permitía el consumo siempre y cuando el envase fuera distinto a latas y botellas de vidrio, lo cual permitía un cierto margen de acción al ciudadano para no ser sancionado. Eduardo Martínez Narváez, Coordinador del P-LIB en Cataluña, ha declarado que “resulta de una incoherencia total que los partidos que en Cataluña se dicen de tendencia liberal sean precisamente quienes sumen sus votos para restringir el derecho de las personas a decidir el tipo de bebida que desean consumir”.
La ingesta de alcohol en calles, plazas y demás espacios de la ciudad de Barcelona se prohibió a finales del año 2005 mediante las llamadas “ordenanzas de civismo y convivencia”, propuestas por el Partido Socialista de Cataluña y aprobadas con los votos a favor de CiU, ERC y el propio PSC. Las multas establecidas por este concepto pueden ascender hasta los mil quinientos euros. En aquella ocasión el PP se abstuvo, porque sus concejales consideraron la norma como muy laxa y no acorde con la postura de “tolerancia cero” que mantiene dicho partido.
El representante del P-LIB catalán ha señalado que “la normativa, que penaliza a quien decida beberse por ejemplo una lata de cerveza o un botellín de sangría mientras contempla la ciudad desde el mirador de Collserola, constituye un atropello a la libertad de la gente que refleja la fuerte inclinación liberticida, recaudatoria y dirigista de los concejales convergentes y populares barceloneses. Debemos recordar que, incluso en el año 2005, cuando se aprobó la ordenanza original, ya existía suficiente legislación para abordar la problemática que supuestamente se pretende resolver con esta nueva regulación. Rechazamos de plano esta decisión”.
