Ante la reforma del sector financiero por parte del gobierno conservador (Real Decreto-Ley 2/2012), el Partido de la Libertad Individual (P-LIB) denuncia la existencia (y la anunciada intensificación) de una regulación excesiva, orientada a generar una concentración de operadores en el sector financiero con el Estado como elemento decisor y planificador del mismo. El gobierno del Partido Popular está haciendo un auténtico alarde de intervencionismo al impulsar abiertamente la fusión de entidades y blindar aún más al sector frente a la aparición de nuevos bancos. El modelo de crecimiento que persigue el gobierno del PP se cimenta en un sector bancario que dé crédito basado en la emisión de deuda, generalmente vendida en los mercados exteriores, y no en la captación de ahorro.
El P-LIB apuesta por una paulatina liberalización del sector, que pasa por reorientar el negocio a la captación de depósitos comprometidos por plazos que permitan conceder crédito, frente al negocio actual de la generación del crédito mediante emisiones de deuda e inyecciones de capital, mecanismos que, al alterar artificialmente la masa monetaria impulsando ciclos, han contribuido decisivamente al desencadenamiento de la crisis actual.
Compete a los bancos, a sus accionistas y a sus clientes acometer el proceso de reestructuración empresarial. Si un banco, para reforzar su capital, ha realizado una emisión de deuda subordinada que le obliga a destinar sus beneficios a abonar los cupones de descuento, el real decreto aprobado le da libertad al banco para no cumplir con esas obligaciones en el caso de que sus beneficios se vean comprometidos. Si un banco no puede pagar la deuda, que se declare en concurso de acreedores como cualquier empresa. Es lamentable que el Estado permita así a determinadas empresas aplazar sus compromisos con sus acreedores. El Estado obliga a las entidades bancarias a imponer un criterio contable ajeno a los estándares internacionales reconocidos para valorar sus activos.
El P-LIB deplora estas maniobras, destinadas a reducir el sector a muy pocas entidades y claramente dependientes del poder político. Denunciamos el riesgo creciente de que la banca pase a ser un sector tan intervenido que prácticamente se podrá considerar parapúblico. El P-LIB propone justo lo contrario: un sector bancario abierto a la aparición y desaparición de estas empresas, con una paulatina ampliación del encaje bancario hasta alcanzar idealmente el cien por cien, y con una decidida orientación a los negocios bancarios legítimos: por un lado el de custodia de fondos (depósitos a la vista) y por otro, separado del primero, el de préstamo y gestión de inversiones. Nuevamente, el P-LIB lamenta el nulo liberalismo económico del primer gobierno Rajoy.
El Presidente del P-LIB, Juan Pina, ha declarado al respecto que «el gobierno conservador premia a las entidades que decidan fusionarse, facilitando la entrada de capital público, es decir, dinero de todos nosotros a través del FROB, y retrasando el proceso de saneamiento de su balance». Ha añadido que «la falsa reforma del sector que ha diseñado el PP se hace a costa de los contribuyentes y también a costa de los inversores y accionistas, ya que penaliza la generación de beneficio si no dan su brazo a torcer para participar en el proceso arbitrario de reestructuración, es decir, si se niegan a hacerse cargo de los inmensos agujeros de las cajas de ahorro que durante los años de supuesta bonanza actuaron al servicio de las administraciones públicas», para concluir que «el P-LIB quiere un sector bancario desestatalizado y sin concentración forzada, similar a cualquier otro sector empresarial, sin las enormes barreras de entrada actuales y sin los privilegios que hoy tienen las entidades».
