El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) valora positivamente la reforma decidida por el gobierno respecto a la apertura de nuevos comercios. La eliminación de licencias previas es una vieja reivindicación de los comerciantes que por fin se ve satisfecha. Era muy de lamentar que España fuera uno de los países de la UE más rezagados en la trasposición y aplicación real de la directiva Bolkestein, así denominada por haberla promovido el ex Presidente de la Internacional Liberal, el holandés Frits Bolkestein, durante su etapa como miembro de la Comisión. Esta directiva impulsa la liberalización de diversos aspectos del comercio. La sustitución de las licencias de apertura por una mera comunicación de la misma con una declaración responsable de estar cumpliendo las normas es un avance que sin duda va a tener consecuencias extraordinariamente positivas. Entre ellas cabe señalar la rapidez en la apertura de nuevos comercios y el combate frontal contra la extendida discrecionalidad municipal, por no hablar de los innumerables casos de corrupción derivada de las licencias previas. El P-LIB, sin embargo, considera que esta reforma, siendo un paso en la buena dirección, debe complementarse con la eliminación de otras muchas trabas al libre comercio. En particular, la libertad de horarios comerciales debe extenderse a todas las comunidades autónomas, mediante una desregulación de ámbito general. Tambien es fundamental flexibilizar la contratación por horas y días, sin burocracia, para que los comerciantes puedan aprovechar esa libertad de horarios, con el efecto positivo adicional de generar más empleo, más actividad económica, más experiencia laboral y posibilidades de inserción, y más opciones de ingresos extraordinarios por ejemplo para los estudiantes. Pero uno de los mayores problemas siguen siendo las tasas municipales elevadísimas que se aplica al comercio, así como las multas por los motivos más inverosímiles. El comerciante no puede estar a merced de inspecciones y amenazas de sanción constantes, como sucede en muchos municipios. Esto constituye una auténtica extorsión de la casta política a quienes producen riqueza real en la economía. El P-LIB anima al gobierno a establecer normas generales que impidan a los ayuntamientos esos abusos. El P-LIB considera que comerciar es un derecho humano básico, tan importante e inalienable como muchos de los habitualmente tenidos por tales, y deplora las cortapisas y sobrecostes que los Estados imponen al ciudadano en el ejercicio de ese derecho.
