El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) considera inaceptable el retroceso de los derechos civiles, y particularmente de las libertades de expresión, reunión y manifestación, que entraña la reforma del Código Penal anunciada por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Las pretensiones del ministro incurren de lleno en la peor tradición de los regímenes colectivistas y represivos de todo signo. Criminalizar a los ciudadanos y endurecer las penas no resuelve nada, pero dice mucho sobre quien lo intenta. Todos tienen derecho a comunicar sus propuestas, llamamientos y convocatorias por cualquier medio a su alcance, y la legislación actual cuenta con instrumentos más que suficientes para perseguir a quienes instiguen la comisión de delitos.
El P-LIB desaprueba los actos violentos y vandálicos que por desgracia se producen en muchas manifestaciones, pero cree que se debe perseguir a sus ejecutores y a sus instigadores directos y demostrados. Las afirmaciones del ministro demuestran el típico temor del Estado ante la organización libre y espontánea de la gente, y en este caso ante las redes sociales y las demás tecnologías de comunicación directa que afortunadamente dotan a los individuos de la capacidad de comunicar masivamente sus ideas. El ministro intenta asustar a los usuarios de redes sociales para que se autocensuren, y eso es ilegítimo e impropio del gobierno de España.
El Presidente del P-LIB, Juan Pina, ha declarado que «con esta propuesta, el ministro Fernández se aleja de nuestro entorno europeo y se aproxima a los regímenes que recelan de la libertad individual«. «Esta maniobra persigue encarcelar preventivamente a activistas para que sirva de escarmiento y provoque temor a manifestarse y autocensura en la comunicación canalizada por las redes sociales», ha señalado. «Más valdría que el ministro se preocupara de acabar con los casos de brutalidad de determinados agentes de los cuerpos de seguridad en algunas manifestaciones, y asegurar que los antidisturbios vayan debidamente identificados».
