Ante el anuncio de la ministra Mato al Consejo Interterritorial de Sanidad sobre la extensión del copago farmacéutico con el incremento de las aportaciones de los ciudadanos, el Partido de la Libertad Individual (P-LIB) reitera lo ya expuesto sobre esta cuestión en numerosas ocasiones: es un error inmenso y una prueba más de la quiebra del llamado Estado del Bienestar, un sistema insostenible de colectivización de los servicios y de sometimiento de todos los ciudadanos a la desastrosa gestión estatal de los mismos. Los medicamentos, como dice la ministra, no son gratuitos. En realidad nada lo es, pero resulta que los ciudadanos españoles estamos sometidos a una elevada tributación (en estos momentos entre las más altas de Europa) y se supone que una parte de la misma sirve para pagar parcialmente las medicinas que consumimos. El copago es un repago, un doble pago mediante el cual el Estado reduce unilateralmente los compromisos adquiridos a cambio de nuestros impuestos y nos hace pagar de nuevo por cosas que teóricamente ya teníamos pagadas.
Frente a este expolio, la solución no puede pasar por una colectivización aún mayor, como proponen los partidos de izquierda, sino por devolver a la sociedad civil la gestión directa de todos los servicios, incluida la asistencia médica y la provisión de medicamentos. La industria aseguradora médica es capaz de proveer pólizas que cubran eficientemente y a un precio razonable tanto las prestaciones como la medicación que necesitan los ciudadanos, los cuales, sin embargo, sólo podrán pagar el recibo mensual de esos seguros si el Estado deja de esquilmarles por vía fiscal. El Estado debe limitarse a garantizar la universalidad mediante bonos para aquellos que objetivamente no puedan hacer frente a sus seguros, hasta que vengan a mejor fortuna. El P-LIB lamenta la falta de valentía del gobierno conservador, que se resiste a iniciar una transición hacia la plena liberalización del sistema sanitario y farmacéutico, con un sistema de cheques, y opta por cobrarnos a todos más impuestos por menos servicios. En el caso de los jubilados, resulta deplorable que el Estado, incapaz de devolverles en su pensión lo aportado durante décadas mediante el infame sistema de reparto, les quiera cobrar ahora por bienes o servicios que, dentro de la lógica absurda del colectivismo, se suponían ya incluidos.
