En el aniversario de las protestas del 15 de mayo de 2011, el Partido de la Libertad Individual (P-LIB) reitera su alternativa liberal libertaria al manifiesto de los convocantes. El P-LIB expresa su indignación por el control y la ingeniería sociales que ejerce la casta política española, entremezclada con la élite corporativa y bancaria subvencionada o privilegiada con el dinero de todos. El malestar de amplios sectores de la población frente al sistema político y económico nos parece tan legítimo como errados creemos sus diagnósticos:
- Los «indignados» arremeten contra los banqueros pero no cuestionan el núcleo del problema: la ilegitimidad del sistema de banca fraccionaria, que crea dinero inexistente con el beneplácito del Estado e infla burbujas crediticias como la que ahora ha estallado. Piden una banca pública sin comprender que eso es lo que, en la práctica, hemos tenido hasta ahora: una banca intervenida y dirigida desde el poder político, e inducida por éste a expandir irresponsablemente el crédito con altísimo riesgo y con un respaldo muy insuficiente, para generar así la ilusión de bienestar generalizado que ahora se ha truncado. Ese bienestar sólo era un gasto desproporcionado, tanto público como privado, que excedía enormemente las posibilidades de quienes incurrían en él.
- Los «indignados» critican la corrupción pero no comprenden, o no quieren comprender, que ésta se debe fundamentalmente a la discrecionalidad, y que frente a ella no sirve cambiar de responsables administrativos o políticos en la toma de decisiones, sino devolverle esas decisiones, en todos los casos posibles, a cada ciudadano para que las tome de forma directa, con un marco normativo claro y sencillo.
- Los «indignados» rechazan con razón los privilegios injustos de los políticos, pero no entienden que ha sido la entronización del Estado como señor de nuestras vidas y haciendas la que ha permitido la aparición de esa casta privilegiada. El problema no son los políticos, sino una política basada en la forzosa organización colectiva de miles de actividades que deberían estar en manos de la sociedad civil. La culpa de que los políticos se crean superiores es de quienes han colocado servilmente al Estado en un pedestal.
- Los «indignados» consideran con razón que nuestro sistema político y electoral está cerrado para beneficio de una élite partitocrática, como ha puesto en evidencia la reforma de la LOREG, y que no existen cauces suficientes de participación, pero les falta comprender que el problema fundamental no es canalizar mejor la participación en las decisiones colectivas, lo cual en el fondo es bastante ilusorio, sino devolverle a cada persona la toma directa de sus propias decisiones.
- Los «indignados» señalan con razón que el Estado cada vez gestiona peor los servicios, pero tienen un miedo cerval a reconocer que el problema de fondo no es el cómo sino el quién, y que los ciudadanos dispondrán de mejores servicios si pueden elegir libremente a quién contratárselos. Los prejuicios ideológicos colectivistas impiden a los «indignados» reconocer que incluso las personas más necesitadas estarán mejor atendidas si el Estado se limita a darles un bono canjeable para que acudan al servicio privado de su elección, y si desaparece, por lo tanto, el costoso, inflexible e ineficiente sistema de servicios públicos.
- Los «indignados» se lamentan de las pensiones miserables que cobran sus mayores y de la alta probabilidad de que ellos no lleguen a percibir pensión alguna, pero no señalan la raíz del problema: el Estado no ha guardado ni capitalizado el dinero de los mayores, sino que se lo ha gastado y les hace dependientes ahora de la coyuntura económica. Los «indignados» deberían indignarse de que a los trabajadores se les exija cada mes una parte sustancial de sus nóminas para un fondo común que el Estado gestiona como le place. Es necesario exigir en cambio que cada persona aporte fundamentalmente para sí misma y vea cada mes cómo evoluciona su fondo personal, pudiendo cambiarse de una entidad gestora a otra cuando desee, y que la solidaridad con quienes no puedan cotizar se ejerza cotizando de verdad por ellos, no prometiéndoles sin fundamento alguno que dentro de varias décadas habrá fondos para pagarles su pensión.
- Los «indignados» protestan por la merma considerable de su poder adquisitivo y exigen que el Estado les dé bienes, servicios, ayudas y subvenciones, pero no quieren ver que el ciudadano medio ya trabaja como mínimo hasta el 4 de mayo para pagar impuestos de todo tipo. No quieren entender que millones de personas están parcialmente esclavizadas porque trabajan gratis para el Estado la mitad o más de su tiempo, y que eso es sencillamente insostenible. Lo que deberían exigir no es que el Estado les dé, sino que no les quite, y que deje de interferir en su libertad de trabajar, emprender, ahorrar, crear, innovar y desenvolverse sin ataduras en la economía.
- Los «indignados», en suma, denuncian los abusos y los excesos del poder, pero sus soluciones pasan, triste e invariablemente, por fortalecer más aún ese mismo poder. El P-LIB propone lo contrario: disminuir drásticamente las decisiones colectivas, los servicios colectivos y el aparato estatal costeado con nuestro trabajo y gestionado por los políticos de turno; devolver a las personas la gestión directa de sus decisiones, y limitar el Estado a la mera administración de aquello que, en esta fase histórica, aún no pueda ser devuelto a la sociedad civil, así como al mantenimiento de un fondo que asegure la universalidad de acceso a los servicios esenciales mediante sistemas de cheque canjeable para las personas con muy escaso nivel de renta. Para todo ello basta un Estado realmente mínimo, con una presencia inapreciable en nuestras vidas, con un coste fiscal muy reducido y sin necesidad de endeudarse, sin atribuciones de ingeniería social o cultural, y gestionado por profesionales que difícilmente podrán corromperse porque no existirán oportunidades para ello, al eliminarse las decisiones discrecionales.
Los liberales también estamos indignados, pero quizá nuestra indignación sea más profunda y meditada. Nos indigna la pérdida acelerada de libertad que percibimos en nuestro país y en todo el mundo. Nos indigna que las masas se crean con derecho a organizarse en asambleas para invadir nuestra sagrada soberanía personal e imponernos sus decisiones, impulsando para ello, a costa de nuestro trabajo y de nuestra libertad, un Estado 2.0 que sin duda será más invasivo aún que la versión actual, y que amenaza con resucitar modelos ya superados en 1945 o en 1989. Y nos indigna que a estas alturas se orquesten teatrales movimientos de masas para legitimar otra vuelta de tuerca en el avance del Hiperestado y en el retroceso de la Libertad.
Por todo ello, el P-LIB reclama Libertad Real Ya.
