El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) comparte las críticas generalizadas a la gestión del Banco de España (BdE) durante los últimos años. Una vez desprovisto de gran parte de sus funciones de dirección de la política monetaria, al haberse transferido en gran medida al Banco Central Europeo, la única función relevante del BdE era la supervisión de las entidades de crédito españolas, y es precisamente en esa función en la que ha fallado estrepitosamente mientras el gobernador se dedicaba, en cambio, a salirse de su papel y generar revuelo mediático con sus opiniones, acertadas o no, sobre la política económica de los sucesivos gobiernos.
El BdE ha inducido sistemáticamente a los bancos a relajar el respaldo exigido a sus clientes para la concesión de créditos, y les ha conducido a situaciones de muy alto riesgo en la exposición a inversiones muy especulativas, así como a la adquisición de deuda pública que, pese a las ficticias calificaciones que recibía, era claramente un tipo de activos muy peligroso. Los bancos y cajas han seguido la línea marcada por el BdE, ya que permitía beneficios inmediatos y grandes ganancias para los directivos, a sabiendas de que ponían en grave peligro su propio futuro. La conducción de la política de fusiones y adquisiciones por parte del BdE ha sido desastrosa y, a la postre, ha desembocado en la crisis aguda de nuestro sistema bancario, que ha resultado no ser ni remotamente tan sólido como afirmaban las pruebas de stress realizadas, probablemente distorsionadas.
Es comprensible que los organismos internacionales no confíen en las apreciaciones del BdE sobre nuestros bancos y pidan evaluaciones ajenas al sistema político-bancario español. Es lamentable, en cambio, que el gobierno haya escogido a unos evaluadores, Roland Berger y Oliver Wyman, ampliamente cuestionados por su desempeño en la evaluación de otros bancos, por ejemplo en Irlanda. Y es aún más lamentable que esa evaluación vaya a ser, a su vez, supervisada o controlada por un conjunto de bancos centrales. En realidad son los bancos centrales, todos, los que merecen una profunda auditoría.
En este contexto, el P-LIB reprueba, más allá de la figura del gobernador Fernández Ordóñez, a la institución en sí misma. Reiteramos la posición expresada por nuestro Programa Político Marco: el Banco de España (como todo el sistema internacional de banca central, inspirado en su día en el modelo soviético) debe desaparecer junto al monopolio de la emisión y junto al fraude de la banca fraccionaria.
Por otra parte, también debería desaparecer la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que ha desempeñado de una forma desastrosa sus competencias, muy especialmente en el caso de Bankia, provocando un gravísimo quebranto económico a miles de inversores. El organismo supervisor del mercado de valores ha demostrado una extraordinaria arbitrariedad en las decisiones de suspender o no la cotización de las empresas, actuando aparentemente al dictado de los intereses del gobierno de cada momento y desatendiendo para ello la función que se le había asignado de amparo al inversor y de salvaguardia de la transparencia y legitimidad de las operaciones. Resulta así evidente que la existencia de este tipo de comisiones oficiales no ayuda al inversor, sino que le confía al prestigiar artificialmente determinadas operaciones o a determinadas entidades de crédito. Sería mejor que el sector se autorregulara y que no existieran organismos estatales convalidando o no a las entidades privadas, porque ni cuentan ni pueden contar con toda la información necesaria, y porque su papel siempre responderá al sesgo de los intereses del Estado. El P-LIB denuncia nuevamente que en esta crisis lo que ha fallado y sigue fallando estrepitosamente no son los mercados sino los Estados y sus organismos de regulación y control, que se han revelado ineficaces, torpes e interesados.
El Secretario de Política Económica del P-LIB, Leonardo Ravier, ha señalado que «hemos caído desde hace tiempo en el asburdo del control y la regulación sin límites. Estamos ante el regulador del regulador que llama a terceros y comisiones reguladoras para garantizar la legitimidad de sus propias regulaciones, y así hasta el infinito. La gente de a pie debe comprender que la única garantía y fiabilidad en las operaciones comerciales y de inversión radica en una defensa plena y absoluta de los derechos de propiedad sobre el dinero depositado, y a su vez anclado a un valor fidedigno como puede ser el oro. Todo lo demás es rizar el rizo para camuflar la irresponsabilidad y las prácticas fraudulentas del tándem banca-Estados».
