El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) se congratula de la decisión gubernamental de suprimir la licencia de apertura para la generalidad de los establecimientos comerciales o de prestación de servicios de hasta trescientos metros cuadrados de superficie de venta, disposición contenida en el Real Decreto Ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios. Creemos que esta medida supone un importante primer paso para la progresiva eliminación de las desproporcionadas y obsoletas cargas administrativas que, sin ninguna razón que las justifique realmente, gravan y entorpecen la actividad empresarial de las personas, limitando de un modo arbitrario su libertad y constriñendo de forma absurda el desarrollo de nuestra economía. Por ello, aplaudimos sin reservas la supresión de la licencia de apertura y su sustitución por un sencillo trámite de comunicación previa o declaración responsable, siguiendo la línea marcada por la Directiva 2006/123/CE del Parlamento y del Consejo, relativa a los servicios del mercado interior e impulsada en su día por el liberal holandés y ex Presidente de la Internacional Liberal Frits Bolkestein. El Real Decreto-Ley suprime también la licencia urbanística para las obras menores de adecuación de los establecimientos (esto es, las que no necesiten proyecto de obra).
No obstante lo anterior, lamentamos profundamente que el Gobierno haya desperdiciado la ocasión para ir más allá y extender la supresión de dicha licencia de apertura a todos los establecimientos comerciales, sin excepción, en vez de limitarla a los de hasta trescientos metros cuadrado de superficie. Sinceramente, no entendemos el porqué de dicha limitación, que consideramos discriminatoria e injustificada. ¿Por qué un establecimiento de 400 m2 de superficie de venta debe pedir licencia, y uno de doscientos noventa y nueve metros cuadrados no? No vemos en qué medida la superficie puede ser un dato relevante a estos efectos, ni tampoco qué criterio se ha seguido para establecer ese umbral de trescientos metros cuadrados.
Otro aspecto criticable es, a nuestro juicio, el mantenimiento de las cargas fiscales derivadas de la apertura de locales comerciales. En efecto, el Real Decreto-Ley suprime las licencias, pero mantiene la posibilidad de exigir una tasa por la realización de la actividad administrativa de comprobación del cumplimiento de las condiciones legales exigibles al establecimiento. Echamos de menos, en este sentido, que el Real Decreto-Ley clarifique, sin lugar a dudas, que la posible exigencia de esa tasa lo sea sólo y exclusivamente por actividades reales de comprobación material de las condiciones de los locales, y no por la simple comprobación de la corrección formal de la documentación presentada. Nos tememos que los ayuntamientos caigan en la tentación de utilizar la vía abierta por el Real Decreto-Ley para seguir cobrando tasas elevadísimas (y probablemente ilegales, al exceder del coste del servicio prestado) que se devenguen por la simple presentación de la declaración responsable o comunicación previa. No consideramos justificada en absoluto una tasa municipal con tal objeto, ya que, cuando el emprendedor presenta la declaración o comunicación ante el ayuntamiento, éste apenas realiza una actividad de recepción formal de esa documentación. La posible tasa, en su caso, deberá limitarse a gravar el coste real y efectivo – y ni un céntimo más – de los actos de inspección de locales que realmente lleve a cabo la administración municipal.
En este sentido, el Secretario General del P-LIB, Francisco Cacharro, ha declarado que “lamentablemente, muchos ayuntamientos siguen exigiendo tasas por licencia de apertura cuyo coste nada tiene que ver con el coste real de la actividad realizada por la administración, lo cual es simplemente ilegal y abusivo». «Nos tememos que, ante la supresión de las licencias de apertura, muchos ayuntamientos establezcan tasas abusivas que graven el mero acto de recibir y tramitar la comunicación previa o declaración responsable, lo que constituiría un claro fraude de ley y un verdadero expolio fiscal, al gravar al emprendedor por una actividad que, realmente, es realizada por él mismo», ha alertado el dirigente liberal, advirtiendo de que «las tasas, en su caso, deberán limitarse a gravar los actos reales de inspección de locales que se lleven a cabo». Para Francisco Cacharro, «el trámite de convalidación parlamentaria del Real Decreto-Ley debería servir para mejorar el texto, aclarando de modo inequívoco éste y otros aspectos».
Por ello, el Partido de la Libertad Individual efectuará un seguimiento del proceso de convalidación del Real Decreto-Ley y se dirigirá a los diferentes partidos políticos con representación parlamentaria, con propuestas concretas para lograr que la redacción final de la norma no deje lugar a dudas en éste y otros aspectos, y para que la exención de la licencia se extienda a todos los establecimientos comerciales, sin excepción, cualquiera que sea su superficie.
