Ante las recientes noticias acerca de la prostitución en Murcia, el Partido de la Libertad Individua l(P-LIB) de la Región de Murcia desea expresar su apoyo al colectivo de personas que ejerce esta profesión, y precisar su postura al respecto.
Aprobamos el posicionamiento del Partido Popular e Izquierda Unida del Ayuntamiento de Murcia en contra de la moción del concejal socialista José Zapata, que instaba al consistorio a establecer “sin más dilación” estrategias para eliminar la prostitución callejera. No es que consideremos que esta actividad deba realizarse en cualquier lugar, y somos conscientes de las molestias que ocasiona a terceros, pero entendemos que estas medidas, por sí solas y sin atender al problema de fondo (la legalización de la profesión), no hacen más que criminalizar todavía más a unas personas que ya de por sí se encuentran en una situación de desamparo legislativo y administrativo. La vía prohibicionista no hace más que agravar ese desamparo.
Si realmente se desea solucionar los conflictos que existen, la vía es respetar el derecho de una persona a ofrecer un servicio demandado por otra, siempre que no vulnere los derechos de terceros. Además, hasta que no se reconozca el derecho a ejercer esta profesión no se podrá diferenciar a quienes la ejercen bajo coacción de aquellas otras personas que lo hacen libremente. Los liberales lamentamos que muchas de estas personas se vean atacadas por vecinos, criminalizadas por las normativas, desamparadas por nuestro Derecho y amenazadas por las mafias.
El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) es contrario a todo tipo de subvención pública a cualquier asociación privada, por lo que, aunque compartimos la buena intención del consistorio al subvencionar al Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS) con 50.000 euros, discrepamos del medio empleado: el uso del dinero de los contribuyentes. Pensamos que sería mucho más acertado que el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, en tanto miembro del Consejo Federal de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y presidente de su Comisión de Hacienda y Financiación Local, promoviese en la FEMP, en virtud de lo dispuesto en el artículo 7.e. de sus estatutos (“se dirigirá a los poderes públicos, interviniendo, si fuera necesario, en la formulación de la normativa legal que afecta a los Entes locales”) una moción que instara al poder legislativo a dar una solución definitiva de esta problemática en los términos que anteriormente hemos defendido, teniendo en cuenta también que la prostitución es una realidad en todo los municipios del país. Es decir, el municipio de Murcia, en vez de subvencionar asociaciones por un lado y perseguir por otro a quienes ejercen la prostitución, debería abanderar la necesaria reforma legislativa que legalice la prostitución y establezca su marco jurídico.
