Ante el anteproyecto de modificación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre (LOTT) y ante la situación general que vive el sector del taxi, el P-LIB propone soluciones de mercado libre que acaben con el estrangulamiento de este sector por los ayuntamientos. Luis Fernández Platero, del Comité Ejecutivo del P-LIB, considera insostenible la situación actual de oferta regulada, precios altos y escasa rentabilidad para el empresario y el autónomo.
COMUNICADO ÍNTEGRO
MADRID, 9 DE JULIO DE 2012. El sector del taxi es, para el P-LIB, uno de tantos sectores de la actividad económica que, con el pretexto de la regulación de la calidad del servicio, es sometido a una inadmisible intervención pública, en este caso municipal.
Los ayuntamientos controlan el número de taxis de sus municipios mediante la concesión de licencias, y las pocas nuevas licencias que por lo general conceden cada año hacen que, al adjudicarse por medio de concurso, suelan alcanzar precios elevadísimos. En muchas ciudades incluso ya no se expiden más licencias de taxi y la única forma de acceder a una es comprársela a otro taxista que vaya a jubilarse o quiera venderla. Como contrapartida, los nuevos propietarios de licencias de taxi, acceden a un negocio con restricciones a la competencia y con precios fijos artificialmente altos, ya que es la única forma de que teóricamente puedan rentabilizar el altísimo coste de adquisición de la licencia. Así, el coste de la licencia equivale a un impuesto oculto adicional a la actividad del taxi, que soportan los usuarios del taxi con un sobreprecio por el servicio.
En la práctica, sin embargo se constata que el coste de la regulación municipal también recae sobre los propios taxistas, que tras abonar cantidades astronómicas por una licencia se encuentran con una actividad cada vez menos rentable debido a la sobreoferta de taxis y a una demanda escasa debido a unas tarifas elevadas e inflexibles.
La burbuja crediticia de los últimos años, combinada con la insaciable voracidad recaudatoria de nuestros alcaldes, ha provocado un gran aumento de concesión de licencias en determinados municipios, hasta el punto de que la oferta de taxis, especialmente en Barcelona, Tenerife y Madrid, duplica en casi todos los casos la que existe en las principales capitales europeas. En un sector en el que la actividad ha caído un 40% durante la crisis, los taxistas se ven forzados a trabajar innumerables horas para intentar simplemente llevar un sueldo digno a casa.
Para complicar la situación, el Gobierno ha remitido al Congreso un anteproyecto de modificación de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres (LOTT), el cual prevé desregular la actividad de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), conocidos como “taxis de lujo”, para que estos puedan trabajar en todo el territorio nacional sin limitación alguna. Además, se plantea eliminar la actual norma del número de autorizaciones existentes, cifrada en una autorización de VTC por cada treinta licencias de taxi. El objetivo es pasar de las 2.500 autorizaciones actuales a más de 30.000. Esta medida ha contado con la oposición frontal tanto de las asociaciones profesionales del Taxi como de las organizaciones del sector de los vehículos de alquiler con conductor.
En el P-LIB consideramos que la única solución para que el sector se libere del enorme sobrecoste que supone la intervención pública pasa, efectivamente, por su liberalización, pero no sólo de los VTC sino también de los taxis, mediante la eliminación de la barrera de entrada que supone la costosa licencia municipal, y la liberalización total de las tarifas y territorios de actuación. Al reducir este enorme coste fijo inicial, los empresarios y autónomos del sector podrían ofrecer sus servicios en libre competencia a unas tarifas notablemente inferiores a las actuales, con lo que aumentaría la demanda. De esta forma habría trabajo para todos los taxistas y VTC actuales, y probablemente para miles de nuevos trabajadores adicionales.
No obstante, cualquier liberalización supone un cambio de las reglas de juego, que no puede realizarse sin una consideración a aquellos profesionales del taxi que, víctimas de esta situación, se han visto obligados a pagar enormes sumas por las licencias, especialmente las concedidas en los últimos años, que de esta forma perderían todo su valor. Para ello sería también necesario acometer medidas que podrían pasar por la compensación económica a los taxistas con licencia, en función de su antigüedad, y/o por la liberalización progresiva a un número suficiente de años vista, que minimizara sus efectos.
Luis Fernández Platero, miembro del Comité Ejecutivo del P-LIB ha manifestado que “son las propias asociaciones profesionales del sector las que deberían reflexionar que oponerse por sistema a cualquier tipo de liberalización, manteniendo la insostenible situación actual de oferta regulada, precios altos y escasa rentabilidad para el empresario y el autónomo, sólo beneficia a los ayuntamientos, y empobrece a la sociedad en su conjunto”, añadiendo que “es también en su propio interés por lo que es preciso impulsar medidas valientes que, por supuesto minimizando el impacto a corto plazo en los empresarios, autónomos y trabajadores del taxi y los vehículos de alquiler sin conductor, consigan liberarnos de la costosa carga de la intervención pública en el sector, que también pesa sobre sus espaldas.”
