El P-LIB aplaude la decisión de las autoridades uruguayas de legalizar la marihuana, medida que cuenta con un amplio consenso en el país. Es una buena noticia para el avance del antiprohibicionismo a nivel mundial, al colocar a ese país a la cabeza del continente americano. Sin embargo, el P-LIB pide que no se distorsione el espíritu de la medida con excesivos controles. Roxana Nicula, miembro del Comité Ejecutivo: «muchos ciudadanos se negarán a registrarse como consumidores».
COMUNICADO ÍNTEGRO
MADRID, 11 DE JULIO DE 2012. Ante la inminente reforma para la legalización de la marihuana en Uruguay instada por su presidente, José Mújica, el Partido de la Libertad Individual (P-LIB) quiere felicitar a este país por dar este primer paso en el continente americano. Aunque sigue siendo un paso tímido, el P-LIB reconoce la valentía de este proyecto de ley, que se espera prospere con éxito en las cámaras al haber suscitado un amplio consenso. Tal y como señalan las autoridades uruguayas, la prohibición de ciertas drogas le está generando al país más problemas que la droga misma, algo que desde el P-LIB siempre hemos denunciado al defender la legalización de todas las drogas.
Animamos al gobierno de Uruguay a aprovechar esta oportunidad única de hacer historia en su continente y en el mundo. Y para ello le rogamos encarecidamente que no deje la reforma a medias poniendo en manos del Estado una férrea gestión del control de calidad, la determinación de las cantidades adquiribles o la fijación del precio, ni obligando a los compradores a registrarse previamente en un órgano habilitado para ello. Un fuerte intervencionismo en la materia, como el que se pretende al limitar la cantidad máxima de porros por mes, distorsiona el espíritu que debería acompañar a este proyecto de ley: la defensa de la libertad del individuo de consumir lo que quiera y la normalización de todo el sector de la producción y comercialización de esta sustancia. El sector público es un mal empresario, y este proyecto sólo prosperará con el concurso de la sociedad civil y de la comunidad empresarial. Es el sector privado de la economía el que de forma espontánea resolverá sobre las condiciones de producción y comercialización del producto dentro de las condiciones que la ley marque, incluyendo la imprescindible exigencia de información veraz, precisa y abundante al consumidor.
En este sentido, Roxana Nicula, miembro del Comité Ejecutivo del P-LIB, ha señalado que «una reforma que legalice el uso de esta y otras drogas en el futuro debe encaminarse hacia mayor libertad para los ciudadanos, no hacia un incremento de las atribuciones del Estado sobre las decisiones individuales. Hay que aplaudir a Uruguay por esta ambiciosa medida pero sería una pena que se quedara en nada por un exceso de control estatal, puesto que muchos ciudadanos se negarán a que sus datos personales queden apuntados en un registro de consumidores de estas sustancias».
