El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) denuncia la campaña iniciada por el Gobierno de Canarias para multar a los propietarios de apartamentos que los anuncian en internet para alquilarlos a turistas.
Ignacio M. García Medina, Secretario de Formación del P-LIB y Coordinador del partido en las Islas Canarias, ha declarado que “vivimos en un creciente estado de persecución fiscal, bajo la amenaza constante de una voracidad recaudatoria impropia de sociedades libres”, añadiendo que «el Gobierno de Canarias busca cualquier resquicio legal para sacar aún más dinero a los ciudadanos».
«Muchas personas han puesto en alquiler vía internet su apartamento para tratar de sobrevivir a la crisis, acentuada por un Gobierno nefasto, y ven ahora amenazadas sus ya maltrechas economías familiares con multas injustas y abusivas”, ha denunciado García Medina.
Las multas rondan los quince mil euros y se justifican en virtud a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (BOC nº 103, de 21 de agosto).
El P-LIB sospecha, además, que detrás de esta nueva caza de brujas se encuentra la presión del lobby hotelero al gobierno que preside Paulino Rivero. Debemos recordar que también en Galicia la asociación de empresarios del sector presentó una queja ante la Administración autonómica, pidiéndole que actuase de forma contundente contra los particulares que alquilan habitaciones a los peregrinos y turistas en Santiago de Compostela.
Esto demuestra una vez más que el Estado funciona como defensor de los privilegios de los sectores organizados frente a los ciudadanos desorganizados, que se ven sometidos por las administraciones públicas a injustas barreras de entrada y a trabas de todo tipo para beneficio de los primeros. Los hoteleros, ante la situación de crisis que afecta también a su sector, parecen haber exigido al Ejecutivo canario estas medidas represivas contra el libre alquiler de propiedades particulares. El P-LIB lo considera tan absurdo e ilegítimo como si las residencias de estudiantes y colegios mayores pretendiesen que se impidiera a los propietarios alquilar sus pisos a estudiantes desplazados. La lucha contra el corporativismo es una de los prioridades políticas del P-LIB.
