El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) denuncia el grave trastorno que está causando a miles de parados la estricta normativa del gobierno para evitar que viajen al extranjero, incluso por unos días, al interrumpirse en ese caso y durante un año la inscripción como demandantes de empleo y por ello la prestación. Esto dificulta, entre otras cosas, la búsqueda de trabajo en otros países. En unos momentos en que muchos ciudadanos contemplan como única salida laboral el asentamiento en otro país, es lamentable que el suyo les ponga trabas para acudir a posibles entrevistas en el extranjero. El P-LIB no está a favor de la prestación estatalizada por desempleo y considera que debería sustituirse por un sistema de capitalización con cuentas individualizadas para cada trabajador, nutridas por las aportaciones de estos y de sus sucesivos empleadores para cubrir tanto la posible indemnización por despido como la posible renta mientras se está en paro. De esa manera no se rompería el vínculo entre las cantidades aportadas y la persona beneficiaria. Actualmente, queda a la discrecionalidad del Estado decidir qué prestaciones otorga, a quiénes, por cuanto tiempo y con qué condiciones, imponiendo incluso algunas tan absurdas como este «confinamiento en territorio nacional» que hoy denunciamos.
Lo mismo es aplicable a todo el sistema de supuesta protección social del Estado. Se nos dice que debemos contribuir al mismo para disfrutar de prestaciones en el futuro o ante contingencias graves, pero la realidad es que uno está obligado a aportar las cantidades que el Estado quiere, perdiendo todo derecho directo sobre las cantidades contribuidas, las cuales además no se guardan para esa persona ni se capitalizan, sino que las gasta el Estado en atender los compromisos anteriores, y debemos confiar a ciegas en que, cuando llegue nuestro turno, habrá dinero para nosotros y en la cuantía necesaria. Esto constituye una estafa piramidal, un expolio a los ciudadanos que además es perfectamente evitable porque la industria aseguradora y de inversión es capaz de ofrecer productos mucho más eficaces y seguros. El Estado debería limitar su acción social a asegurar el acceso universal a esos productos realizando las aportaciones mínimas exigidas para aquellos que no puedan contribuir, y desmontando en cambio el sistema estatal, burocratizado e ineficiente, ante el que estamos indefensos porque nos exige lo que quiere y nos da también lo que quiere, sin relación directa entre una y otra cosa, siempre en función de las decisiones de los políticos de turno.
