El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) expresa su indignación y su más profundo rechazo a la nueva ocurrencia liberticida de los socialistas de derechas que hoy gobiernan España: el Real Decreto Ley de medidas urgentes para paliar los daños de los incendios, aprobado por el Consejo de Ministros. Es un decreto propio de un régimen totalitario y esclavista que obliga a los parados a trabajar gratis y sin contrato para el Estado, bajo amenaza de no percibir las miserables prestaciones económicas que el propio Estado les había reconocido incondicionalmente. Lo de menos es a qué se destine ese trabajo, ya que esta medida abre la puerta a la incorporación de los trabajos forzados para el Estado como algo normal en nuestra sociedad.
Quienes reciben una prestación por desempleo lo hacen porque previamente han trabajado y cotizado para ello, y esa prestación no es más que la devolución de su dinero en forma de un seguro de desempleo obligatorio. Condicionar ahora el cobro de dicha prestación al «trabajo social», negándoles de lo contrario la prestación por un periodo de seis meses es sinónimo a hacerles pagar dos veces, una en dinero y otra en trabajo. Es, además, un cambio unilateral de las condiciones de nuestra relación con el Estado, por parte de éste. Una vez más, el ciudadano está cautivo de un sistema que le quita mucho y no sólo le devuelve poco si no que le cambia las reglas del juego a mitad del partido, sin posibilidad de reclamar ante la Justicia.
Los liberales observamos con extrema preocupación y hartazgo el avance sin freno de la coacción estatal sobre los individuos, que se concreta de las más diversas formas bajo el pretexto de velar por su bien, cuando en realidad es cada día más evidente que a la casta política sólo le interesa mantener e incrementar el poder y la riqueza del propio Estado que gestiona, ya que vive directamente de él.
Los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE son culpables conjuntamente de haber ido construyendo un monstruoso ordenamiento jurídico, desde la ley de infracciones en el orden social hasta el despótico artículo 213.3 de la Ley General de Seguridad Social, que ya preveía la posibilidad de ordenar estos trabajos forzados, dejando claro además que no dan lugar a una relación laboral. Si esto lo hiciera una empresa privada, sus administradores irían a la cárcel, pero el Estado se permite a sí mismo cualquier cosa. Con todo, ha tenido que llegar a La Moncloa Mariano Rajoy para hacer realidad esa disposición dictatorial e impropia de un país desarrollado, ordenando su infame consumación mediante el Real Decreto Ley 25/2012.
El P-LIB llama a la sociedad civil a cambiar de paradigma, desembarazarse del asistencialismo y de la adicción al Estado, y reivindicar la libertad y la soberanía del individuo, cada día más constreñidas por la maquinaria estatal.
Declaraciones de Juan Pina. El Presidente del P-LIB, ha declarado que «los liberales tenemos a gala habernos opuesto siempre, en todo el planeta, a cualquier forma de servicio militar o social obligatorio» y que, por lo tanto, «sólo podemos contemplar con consternación, rabia y profundo disgusto cómo nuestro gobierno pretende ahora obligar a la gente a trabajar gratis para él; y digo «gratis» porque la inmensa mayoría de estas futuras víctimas de trabajos forzados ya han pagado sobradamente por la prestación que recibirán». «En un país donde la gente ya trabaja para el Estado del 1 de enero hasta bien entrado mayo o junio, resulta indignante que ahora se les quiera usar como mano de obra gratuita cuando se den las circunstancias que al gobierno se le antoje», ha añadido, señalando que «se nota la influencia de Ruiz-Gallardón, conocido como el faraón por los madrileños que le padecieron como alcalde, porque esta medida recuerda a la construcción de las pirámides con mano de obra esclava, y se parece más a la realización de infraestructuras con presos políticos, propia de los regímenes comunistas y fascistas, que a la libre contratación que siempre debe caracterizar a un país civilizado».
«Que el Gobierno exija ahora a los desempleados el cuidado de los montes, cuando ha sido el Estado quien no ha prestado suficientes recursos a su mantenimiento pese a arrogarse esa competencia, es una muestra más de los incesantes despropósitos del estatalismo que sufrimos», ha indicado, afirmando que «si el Estado quiere empleados, que los busque en el mercado laboral, les ofrezca trabajo, y si voluntariamente aceptan negocie el sueldo y les pague«. «Pero lo realmente importante es reducir el Estado y, por otro lado, sustituir el actual sistema de prestación por desempleo por un sistema de capitalización que acumule e incremente el fondo de cada trabajador a lo largo de su vida laboral, de tal forma que en caso de necesitar algún día una indemnización por despido o un salario mientras busca un nuevo empleo, esas cantidades salgan de su fondo, y si nunca lo necesita lo recupere al jubilarse o pase a sus herederos si fallece», ha concluido, añadiendo que «lo que cada uno aporta para pensiones o desempleo debe ser fundamentalmente para esa persona, y debe verse reflejado de forma transparente en una cartilla, reduciendo así al mínimo la parte a cubrir mediante seguro y basando el sistema sobre todo en capitalizar ahorro, preferiblemente bajo gestión privada».
