El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) se suma a las múltiples denuncias de todo tipo de organizaciones de la sociedad civil por el incremento de la actividad sancionadora del Estado, a todos los niveles territoriales y en todo tipo de situaciones. Los liberales creemos que la desesperada situación de las tesorerías públicas está motivando la proliferación de multas de tráfico y de sanciones de tipo laboral, fiscal, de locales (de ruidos, de salidas de humos, etc.) y muchas otras. Particularmente abusiva es la actuación de las confederaciones hidrográficas. Y particularmente llamativa resulta la «creatividad» de los organismos sancionadores, que recurren con frecuencia a faltas estrambóticas y a normas en desuso, además de establecer dispositivos de caza claramente diseñados con evidente malicia (por ejemplo, colocando radares en los lugares de reducción brusca de la velocidad, como la entrada de las grandes ciudades; o apostando agentes de tráfico ante los centros de examen para la recuperación de puntos, al objeto de detectar a quienes acuden conduciendo). También es ilustrativo de la voracidad recaudadora el hecho de que las sanciones de todo tipo se produzcan con especial intensidad en los días del cambio de mes, cuando los asalariados reciben su sueldo.
La caza de brujas es generalizada en toda España y a todos los niveles territoriales, sólo responde al interés de las administraciones públicas, y pone de manifiesto que al Estado le resulta indiferente la dramática situación económica de los ciudadanos y de las empresas: tan sólo le preocupa incrementar a cualquier precio sus propios ingresos. El P-LIB condena este ensañamiento, exige a las autoridades que dejen de incurrir en el mismo y expresa su solidaridad con los afectados por multas absurdas, excesivas o injustificadas. El P-LIB denuncia que el Estado ha llegado intencionadamente a someternos a tal cantidad de normas, y con frecuencia tan complejas y rebuscadas, que resulta en realidad imposible no incurrir en hechos sancionables. Esta situación de desamparo jurídico se ha creado para el exclusivo beneficio de las administraciones públicas, que en función de su tesorería aprietan con menor o mayor intensidad a los ciudadanos, indefensos ante este continuo abuso de poder.
