El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) deplora el discurso pronunciado ayer por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, en el que ha reconocido descaradamente que se propone «españolizar a los alumnos catalanes» instrumentalizando para ello el currículo educativo. El P-LIB considera esas palabras como el anuncio de un intolerable ejercicio de ingeniería social y cultural, que llamaría la atención si no procediera de un político que ya se ha significado como uno de los mayores enemigos de la Libertad en el actual Ejecutivo, por ejemplo haciéndose corresponsable de la infame ley Sinde.
El P-LIB proclama que el Estado no tiene derecho a dirigir la educación para impulsar sentimientos nacionales ni visiones de la historia ni rasgos culturales ni lenguas concretas. Obviamente, todo esto vale igualmente para la actual consejera de Educación catalana, Irene Rigau, y para los anteriores titulares de ese departamento. Los liberales estamos cansados del «juego de patriotas» entre nacionalistas de un lado y de otro, decididos siempre a someter al individuo a sus respectivas entelequias nacionales, a sus mitos y simbologías, a sus lenguas y a su arquitectura cerrada y compacta de la sociedad. En un reciente documento, el P-LIB ha desarrollado su oposición frontal a toda forma de nacionalismo, ya sea centrípeto o centrífugo, centralista o secesionista, y ya tenga Estado propio o aspire a tenerlo. Condenamos por igual la ingeniería social del nacionalismo español y las de los nacionalismos periféricos. No estamos con Wert ni con Rigau, y denunciamos tanto al PP como a CiU por convertir a la sociedad en el laboratorio de su alquimia identitaria.
Creemos llegado el momento de que la sociedad exija la plena desestatalización de la Educación. La Educación es demasiado importante para dejársela a los políticos, y ya vemos lo que pasa cuando se les deja: que la distorsionan y utilizan descaradamente para esculpir el pensamiento generalizado conforme a sus caprichos ideológicos. Es urgente privatizar por completo la educación entregándola a cooperativas, empresas convencionales y entidades no lucrativas. Todas ellas la gestionarán mejor que el Estado. Debe ser cada escuela (o directamente cada familia, en caso de enseñanza en el hogar) la que decida su ideario, sus valores y su adscripción o no a visiones religiosas, etnoculturales o nacionales determinadas. Si un niño es educado en el apego a una determinada identidad nacional o cultural, eso lo deben decidir sus padres o tutores, jamás el Estado, en ninguno de sus niveles territoriales. El Estado debe limitarse a un papel de mero financiador subsidiario para que ningún niño quede sin educar, mediante la implantación del cheque escolar para las rentas bajas.
