El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) denuncia el fortísimo incremento de las tasas judiciales planteado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
El Vicepresidente tercero del P-LIB, Álvaro Chena, ha declarado que «resulta chocante que este ministro de Justicia pretenda reformarla alejándola aún más de los ciudadanos». Debería promover una Justicia cercana y eficiente, y dejar de utilizar su poder para sus cruzadas liberticidas, a las que últimamente dedica todos sus esfuerzos”, ha señalado. Los liberales consideramos injusto este incremento.
- En primer lugar reduce el acceso a la Justicia (servicio esencial sobre el que el Estado se ha arrogado el monopolio exclusivo) en el caso de las personas con rentas bajas —aunque éstas aún podrán optar por la Asistencia Jurídica Gratuita—, y sobre todo en el caso de las personas de clase media, que no cumplen los requisitos para acceder a ese tipo de asistencia y para quienes será muy gravoso el coste de las nuevas tasas.
. - En segundo lugar resulta particularmente escandaloso el aumento previsto de las tasas en la jurisdicción contencioso-administrativa, contra los actos y reglamentos del gobierno y de la administración. Es un intento descarado de reforzar el poder del Estado, haciendo aún más difícil al ciudadano defenderse judicialmente de sus abusos.
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Si lo que se pretende es acabar con el colapso en el que se encuentran nuestros juzgados y tribunales, existen mejores maneras de hacerlo, como facilitar las formas alternativas de resolución de conflictos (ADR) tales como el arbitraje, la mediación o la conciliación; destinar a la Justicia recursos provenientes de áreas y servicios no esenciales a los que el Estado no debería dedicarse; digitalizar la todavía arcaica Administración de Justicia (más propia del siglo XIX que del XXI); hacer profundas reformas en la organización del personal que trabaja en los juzgados y tribunales; e incluso estudiar la posibilidad de que algunos servicios judiciales puedan ser prestados por el sector privado y no sólo por el Estado. El P-LIB considera que la reforma promovida por el gobierno del PP no aliviará el tráfico jurídico e incentivará en cambio la exigencia de garantías de toda índole para el cumplimiento de los contratos, encareciendo múltiples transacciones. El P-LIB estudiará a fondo la discutible constitucionalidad de la reforma promovida por el ministro.
