El Partido Libertario (P-LIB) ha seguido con preocupación e interés el debate público abierto en los últimos días en relación con los procedimientos de desalojo de viviendas de deudores hipotecarios en situación de morosidad. Francisco Cacharro, Vicepresidente primero del P-LIB, ha recordado que esta crisis económica es producto del intervencionismo y sus consecuencias, en algunos casos tan graves como la pérdida de la vivienda habitual, no se pueden resolver con aún más intervención estatal. A la vista de las medidas urgentes de paralización temporal de los lanzamientos judiciales acordadas por el Consejo de Ministros, el P-LIB desea expresar su posición al respecto, que puede resumirse en los siguientes puntos.
- Ante todo, creemos esencial hacer hincapié en que la dramática situación vivida por miles de familias no es consecuencia ni de la aplicación de políticas libertarias ni de un supuesto sistema de capitalismo salvaje y perverso. Por el contrario, esta situación es consecuencia de una burbuja inmobiliaria inflada por una expansión crediticia absolutamente irresponsable, promovida por unos bancos centrales —en especial la Reserva Federal pero también el Banco Central Europeo— obedientes a la demanda demagógica de dinero fácil y barato auspiciada por el populismo de izquierdas y de derechas, adicto a esa versión monetarista del milagro de la multiplicación de los panes y los peces que pasa por la atribución al poder político del monopolio de la emisión de moneda sin límite objetivo alguno. Para colmo, esa expansión crediticia que distorsionó por completo nuestra economía, induciendo a familias y empresas a cometer continuos errores a la hora de tomar decisiones económicas, se cebó especialmente en un sector —el de la vivienda— distorsionado a su vez por la absurda restricción de la oferta provocada por la planificación urbanística. La inyección masiva de dinero fácil y, en definitiva, ficticio, en un mercado adulterado por la planificación alimentó una espiral de especulación e hiperinflación inmobiliaria que jamás hubiese tenido lugar en un mercado verdaderamente libre. Digan lo que digan los socialistas de todos los partidos, la evidencia es innegable: la crisis que padecemos tiene su origen justamente en dos sectores —el financiero y el inmobiliario— sujetos a una fortísima intervención del Estado. Ha sido el intervencionismo monetarista de los bancos centrales el que ha suministrado la enorme masa de papel-moneda carente de valor real que infló la burbuja, reforzada por la artificial escasez del suelo urbanizable y edificable generada por su planificación pública. En un sistema de banca libre y sin privilegios en el que los tipos de interés fuesen establecidos por el mercado y la moneda dejase de ser una ficción para estar respaldada por un patrón objetivo —como el oro— nada de esto hubiese ocurrido.
- En el mismo sentido, queremos recordar nuestra oposición —constante y sin matices ni titubeos— a los rescates bancarios, que no han hecho sino mantener artificialmente inflada esa burbuja, premiando a los malos gestores (principalmente, las cajas de ahorro mal gestionadas por políticos y sindicalistas) a costa del contribuyente, al que se la ha obligado a socializar las pérdidas del sector financiero. Nuestra propuesta fue y será clara y determinada: las entidades de crédito insolventes debían quebrar, y sus activos liquidarse lo más rápidamente mediante mecanismos naturales de mercado, liquidación que, a buen seguro, hubiese garantizado el resarcimiento de sus depositantes (y, en la medida en que hubiese activos suficientes para ello, de parte de la deuda de los acreedores) y una rápida reactivación del sector, una vez eliminado el lastre de unas entidades totalmente apalancadas. Nada de esto, sin embargo, tuvo lugar, como sabemos: los sucesivos gobiernos de PP y PSOE —con la complicidad del Banco Central Europeo que, desde que se inició la crisis, no ha dejado de darle a la maquinita de fabricar billetes— no han tenido empacho alguno en avalar, con nuestro dinero y sin nuestro permiso, el rescate de nuestras enladrilladas cajas de ahorro, convertidas en realidad, tras años de gestión politizada, en gigantescas cajas de deuda.
- En este contexto, comprendemos y compartimos la indignación social derivada del contraste entre el trato dispensado a la banca y el reservado a las familias que han quedado atrapadas por las deudas contraídas en los años de la burbuja. Mientras a los primeros se les rescató con el dinero de todos, a los segundos se les abandonó a su suerte. No es extraño que nuestra sociedad civil reaccionase ante semejante atropello, reivindicando la necesidad de una solución.
- Los libertarios compartimos esa indignación pero sabemos bien que la solución no puede venir de fórmulas mágicas, ni menos aún de la mano de una política autoritaria que cambie las reglas del juego de la noche a la mañana, otorgue carta de naturaleza al incumplimiento de los contratos e incentive el fraude. En este sentido, rechazamos la grosera manipulación demagógica que desde diferentes sectores —pero, principalmente, desde la izquierda, con el PSOE al frente— se ha llevado a cabo respecto de este asunto. En particular, rechazamos la utilización descarada de desgracias personales para sostener interesadas posiciones partidistas, especialmente por aquellos que —haciendo gala de un cinismo insufrible— parecen haber olvidado que no hace ni un año que todavía ocupaban el gobierno de este país, al que dejaron convertido en poco menos que un páramo. Al hilo de ello, creemos necesario subrayar que —sin perjuicio del dramatismo de determinados casos particulares— la magnitud del problema se ha exagerado deliberadamente, utilizando datos totalmente falseados y tergiversados. Se ha hablado, por ejemplo, de trescientas mil familias desahuciadas entre 2008 y 2012, olvidando que esa es la cifra global de ejecuciones hipotecarias y que la cifra real de desalojos de primeras viviendas no ha excedido, según las estimaciones al alza más fiables, de unas quince mil.
- Los libertarios consideramos que la resolución de los problemas sociales no pasa por incumplir los contratos, sino por establecer un marco legal en el que familias y empresas puedan, libremente, renegociar sus deudas o, en caso de no poder afrontar estas, buscar alternativas realistas y factibles; y en el que subsidiariamente actúen los mecanismos de asistencia social, preferentemente privados, para atender las situaciones más extremas. Nos oponemos a que se obligue retroactiva y coactivamente a los acreedores a aceptar la dación en pago, fórmula que podría empeorar aún más nuestra ya delicada situación económica, y que, lejos de resolver el problema, conduciría a su agravamiento a medio y largo plazo, elevando aún más el grado de insolvencia de nuestro sector financiero. De las medidas adoptadas por el Gobierno, consideramos que la paralización temporal de los desalojos puede ser aceptable en casos extremos, entendiendo que se trata de una medida cautelar que simplemente busca ganar tiempo para la búsqueda de soluciones negociadas y que se justifica en el caso de que el acreedor hipotecario sea una entidad rescatada con dinero público. Obviamente, no se trata más que de un parche, pero creemos que —como medida excepcional y coyuntural— quizá pueda ayudar a las familias al borde la exclusión social a recomponer su situación. Por el contrario, vemos con profundo escepticismo la idea de crear el denominado parque social de viviendas de alquiler. Creemos, desde luego, que el alquiler es probablemente la alternativa más factible para las familias que hayan perdido su vivienda por el impago de su deuda, pero no vemos por qué extraña razón ese parque debe ser promovido por el Estado, que ya en el pasado (recuérdese el monumental fracaso que supuso la sociedad pública de alquiler promovida por la ministra Trujillo) ha revelado su incompetencia en este campo. Entendemos que ese mercado de alquiler surgirá espontáneamente si el Estado deja actuar en libertad al mercado, entre otras cosas porque es obvio que la actual demanda de vivienda en propiedad será incapaz de absorber el gigantesco stock de viviendas heredado de la burbuja.
- En todo caso, al margen de estas consideraciones, entendemos que la verdadera solución al problema no pasa tanto por la reforma de la legislación hipotecaria (a despecho de que ésta sea francamente mejorable) sino por la reactivación de una economía lastrada por el intervencionismo estatal y desquiciada por el monetarismo. La principal causa de las ejecuciones hipotecarias de viviendas es, a no dudarlo, el masivo desempleo que afecta a una cada vez mayor parte de la población, colocándola en grave riesgo de exclusión social. Por ello, creemos que no se debe centrar el foco de atención en lo que no es más que el síntoma de la crisis, y que lo verdaderamente urgente es hacer frente a sus verdaderas causas, con una política económica que realmente favorezca la creación de empleo lo que, en el momento actual, pasa inexorablemente por una drástica reducción del gasto público y una correlativa reducción de la presión fiscal, en particular de la que padecen PYMES y autónomos (es esencial, por ejemplo, eliminar las trabas al autoempleo de las personas, reduciendo drásticamente —e incluso suprimiendo— la cuota de cotización de los trabajadores autónomos en los primeros años) unida a una auténtica libertarización y desregulación de la actividad económica, que elimine las innumerables trabas al emprendimiento que estrangulan de raíz toda posibilidad de crecimiento. Sin perjuicio de ello, los libertarios creemos que la legislación hipotecaria y procesal puede y debe ser mejorada, adoptando, entre otras, medidas como las siguientes:
- Establecer un procedimiento ágil para la solución de los conflictos entre acreedores y deudores hipotecarios, recurriendo incluso a mecanismos de mediación y arbitraje e incluyendo la posibilidad de la anulación de la cláusulas abusivas de los contratos de préstamo, y primando los acuerdos de novación o reestructuración de la deuda.
- Eximir de la necesidad del desalojo de la vivienda en los supuestos de familias en riesgo de exclusión social hasta tanto no se produzca su adjudicación en subasta judicial, estableciendo, al mismo tiempo, el otorgamiento de beneficios fiscales a los nuevos adquirentes que acepten la suscripción de contratos de arrendamiento con los anteriores propietarios.
- Abaratar y eliminar los obstáculos a la dación en pago voluntaria, eliminando las cargas fiscales a las que actualmente está sometida, que actúan como barrera disuasoria de su uso. En concreto, proponemos que se exima al acreedor hipotecario que acepte esta fórmula del pago del impuesto de transmisiones patrimoniales y del impuesto de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Consideramos, además, que con carácter general este tipo de impuestos —gravemente injustos, pues el primero grava una inversión que, como tal, no supone en sí misma incremento de la riqueza del sujeto pasivo, y el segundo somete a gravamen un incremento de valor teórico que a su vez es gravado también a través del IRPF, al tributar como ganancia patrimonial— deberían ser, simplemente, abolidos.
El Vicepresidente Primero del P-LIB, Francisco Cacharro, ha declarado al respecto que “los problemas sociales no se arreglan cargándose el Estado de Derecho, y una crisis provocada por el exceso de intervencionismo no se solventa con más intervención del Estado” y ha lamentado la manipulación demagógica que «pretende hacer creer a la opinión pública que este tipo de situaciones se pueden arreglar a golpe de leyes retroactivas; en realidad, sólo hay un modo de evitar que miles de personas caigan en situaciones de exclusión social, sea por el impago de la hipoteca o del alquiler (de cuyos desahucios, curiosamente, apenas se habla) y éste es adoptar urgentemente políticas libertarias que permitan a la economía crear empleo«.
