El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) expresa su solidaridad con los profesores de la educación concertada de Madrid y de otras partes de España, que siguen sufriendo la intolerable imposición de una colegiación obligatoria que les cuesta cerca de cien euros al año. El P-LIB rechaza el reciente aval que una lamentable decisión del Tribunal Constitucional ha concedido a esta injusta obligación, a todas luces impropia de una sociedad realmente libre. Los liberales reiteramos nuestra total discrepancia con la disposición constitucional que favorece a los colegios profesionales y les permite forzar a los profesionales a asociarse a ellos, pagar cuota y someterse a sus instrucciones. Estos organismos arcaicos y completamente prescindibles se han convertido generalmente en nidos de prebendas y favoritismo donde prosperan habitualmente profesionales de currículo bastante discreto pero habilidosos en la intriga palaciega. Esto lo ilustra, por ejemplo, el espectáculo poco edificante que el colegio de abogados de Madrid está ofreciendo en estos días con unas eleccione bajo sospecha y todo tipo de acusaciones cruzadas e impugnaciones diversas. La lucha por el botín de dirigir una asociación forzosa revela las peores pasiones y conductas de cuantos aspiran a hacerse con él.
Los liberales afirmamos que los derechos no son obligaciones, y que el derecho de asociación se ve flagrantemente vulnerado cuando el Estado obliga a una determinada categoría de profesionales a formar parte de un organismo, pagarle una cuota generalmente elevada y regirse por sus normas. Esas normas generalmente constituyen barreras de entrada muchas veces abusivas para los profesionales nuevos, jóvenes o de escasos recursos. En otras ocasiones, se trata de normas que limitan arbitrariamente la publicidad, la ubicación u otros aspectos del ejercicio de la profesión. Los colegios profesionales de obligatoria adscripción, como las cámaras oficiales de comercio o las entidades de gestión de derechos intelectuales, son organizaciones que basan su lucrativo negocio en la coerción que el Estado ejerce a su favor, y mantienen ilegítimamente cautiva a su masa de asociados. El P-LIB promueve la abolición del corporativismo acabando con la lacra de la obligatoriedad de pertenecer a cualquier tipo de organizaciones privadas, así como la financiación pública de estas entidades.
Roald Schoenmakers, miembro del Comité Ejecutivo Federal del P-LIB, ha declarado hoy que «una sociedad libre se rige por la ética de la voluntariedad y de la cooperación espontánea. El corporativismo anacrónico y autoritario de la colegiación obligatoria menoscaba esa cooperación y crea todo tipo de agravios».
