El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) considera antijurídica la instrucción emitida por la entidad pública Red.es, conforme a la cual el Estado ahora puede quitarle a cualquier titular su dominio registrado con la TLD española (.es) y reasignarla a su conveniencia escudándose en el supuesto «interés general excepcional». El año 2012 se ha cerrado con la primera «reasignación» forzosa y polémica, la del dominio sareb.es que ha sido arrebatado a su propietario, Mikel Larrañaga, para entregárselo al «banco malo» cuyas siglas conforman la misma palabra. El P-LIB expresa su solidaridad con Larrañaga y con cualquier otro titular de dominios confiscados.El P-LIB manifiesta su profunda preocupación por el nuevo statu quo establecido por la instrucción de Red.es —sin mediar siquiera trámite parlamentario— para todos los ciudadanos y empresas que tengan dominios susceptibles de ser considerados por la Administración como «de excepcional interés general». Los liberales denunciamos este injusto abuso de poder que una vez más sitúa al Estado como señor absoluto de vidas y haciendas, y permite a un organismo público confiscar su dominio a quien quiera. El concepto de interés general, ya sea «excepcional» o no, es una ambigüedad elástica que el Ejecutivo podrá interpretar a su capricho y sin mediación de juez alguno.
La instrucción de Red.es constituye un ataque frontal a la libertad en Internet, a la tutela judicial efectiva y a la propiedad privada, que el Estado confisca extrajudicialmente, sin procedimiento formal de expropiación ni justiprecio. Por todo ello, hemos presentado queja ante la Defensora del Pueblo. El P-LIB considera que esta arrogante instrucción es impropia de una sociedad libre, y en consecuencia exige el cese de su impulsor, el director de Red.es Borja Adsuara. El P-LIB alerta a la sociedad sobre el precedente que crea esta instrucción, ya que por las mismas razones el Estado podría hacerse con una marca comercial o con la simple denominación de una empresa o particular, y «reasignarla» en función del «bien común», interpretado siempre por el Estado.
Esta nueva situación de total inseguridad jurídica de los dominios .es nos lleva a recomendar su no utilización en tanto el Estado español no ofrezca garantías plenas de inconfiscabilidad de los nombres de dominio una vez asignados. El propio P-LIB, cuyo sitio web está en .es, va a considerar a fondo las implicaciones del asunto y la posibilidad de cambiar de TLD.
El Presidente del P-LIB, Juan Pina, ha declarado que «el caso del dominio sareb.es pone de manifiesto que el excepcional interés general es simplemente lo que Adsuara quiera, porque en este caso se le va a dar el dominio a una entidad constituida por bancos privados». «El Estado no es quien para quitarle el dominio a su legítimo titular, y debe limitarse a registrarlo a favor de su primer solicitante y mantener esa asignación mientras esté pagada, salvo que un juez, en caso de delito, dicte lo contrario», ha añadido, señalando que «el gobierno del PP ya ha demostrado sobradamente lo que quiere hacer con Internet, mediante la gestión liberticida de personajes como Wert o Lassalle, y ahora ha dejado claro que los dominios .es no son seguros porque el gobierno que los habilita no es de fiar, y en cualquier momento puede aparecer Borja Adsuara para confiscártelos sin juicio previo». Por ello ha exigido el cese del director de Red.es, concluyendo que «este gobierno que tanto se las da de patriota está empujando a la gente a no usar dominios españoles, y realmente eso es lo mejor que uno puede hacer en estas circunstancias».
Una vez más, el Gobierno de España destaca por su falta de respeto a los usuarios de Internet y por su vocación de control de la red. Y una vez más, la realidad da la razón a cuantos denunciamos que el Estado reduce la propiedad de cualquier cosa a mera posesión, incluso cuando se trata de un nombre de dominio en Internet.
