El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) denuncia la última ocurrencia estatal contra el ahorro: los topes a la rentabilidad de los depósitos. Una vez más, los ahorradores se ven perjudicados por la acción de gobierno. Es evidente que los políticos no han entendido nada de esta crisis. Se intenta solucionar un problema causado por el exceso de deuda y la falta de ahorro, precisamente con más deuda y con menos ahorro. Se intenta solucionar un problema causado por la regulación con más regulación. Y se intenta solucionar los problemas de solvencia de los bancos aumentando los problemas de solvencia de los ciudadanos, que están financiando los rescates de esos mismos bancos. La decisión del Banco de España de volver a los topes sobre la rentabilidad de los depósitos, como ya hiciera el gobierno de Zapatero, es un despropósito. Lo hace esta vez cambiando las formas pero no el fondo, y además lo extiende a otros productos de ahorro como cuentas corrientes, pagarés, bonos, etc. Para implementar esta ocurrencia se ha valido simplemente de una circular ya que, en virtud del Memorándum de Entendimiento firmado con las autoridades europeas, no es necesario legislar. De esta forma se impondrán topes a la remuneración de estos productos reduciendo la rentabilidad que las familias obtienen por su dinero mientras se pretende mejorar la solvencia de los bancos. Para asegurarse de que ningún banco se salte su «recomendación», el Banco de España amenaza con subir los requerimientos de capital para los bancos que la incumplan impidiendo la competencia entre ellos en perjuicio de los consumidores. Por supuesto las administraciones públicas no se verán afectadas por estas medidas y seguirán disfrutando de altas rentabilidades.
Una vez más el poder político y el sector financiero van de la mano, apoyándose uno al otro a costa de los ciudadanos. No sólo los ciudadanos sufrirán sus consecuencias al abrir un depósito o una cuenta corriente, sino que la relación privilegiada entre ambos también puede tener implicaciones para los tenedores de Bonos y Obligaciones del Estado tras la entrada en vigor en 2013 de las Cláusulas de Acción Colectiva. Estas cláusulas permiten que el gobierno pueda hacer quitas sobre la deuda pública sin entrar en default: sólo necesita que los tenedores de más del 50% de estos Bonos y Obligaciones, emitidos a partir de 2013, estén de acuerdo. Es decir, es muy probable que sólo con que lo autoricen los bancos españoles, esos mismos bancos que cuentan con inspectores empotrados del Banco de España y que tantos favores intercambian con los políticos, el gobierno pueda aplicar quitas obligatorias a todos los tenedores de deuda pública, lo quieran o no, sin que la reciente reforma de la Constitución, que obliga al gobierno a pagar la deuda, sirva de nada ya que se considera que lo hacen de forma voluntaria.
A las familias españolas que consiguen, a duras penas, llegar a fin de mes y ahorrar un poco de su renta, pocas opciones les quedan ante todos los ataques de este gobierno: subidas masivas de los impuestos, bajada de la rentabilidad de los productos de ahorro, quebranto de la seguridad jurídica de la deuda pública, etc. Una de las pocas salidas que se deja a los españoles es sacar el dinero del país pero el adoctrinador sistema público de educación se ha encargado de dar a los españoles una nula cultura financiera por lo que sólo las grandes fortunas y una minoría de la clase media tienen los conocimientos para invertir sus ahorros fuera de nuestras fronteras. Al contrario de lo que se suele decir esto no es malo para el país porque lo importante es que los españoles conserven y aumenten su patrimonio, por pequeño que sea, y no que vean cómo su riqueza decrece día a día por la voracidad del gobierno de Mariano Rajoy.
Óscar Timón, Portavoz Económico del P-LIB, ha declarado que «los liberales no nos cansaremos de repetir que para que no se vuelvan a producir estas crisis económicas tan devastadoras es fundamental acabar con la regulación del sistema bancario, eliminando sus privilegios, eliminando el Banco Central, eliminando las trabas para la creación de nuevos bancos, eliminando el monopolio estatal de la moneda, eliminando las leyes de curso forzoso, eliminando los rescates bancarios, exigiendo que los bancos cumplan con los principios generales del Derecho como cualquier otra empresa y dispongan de libertad para establecer el modelo de negocio que deseen».
No se nos debe olvidar nunca que esta crisis la han producido los gobiernos y el sector financiero, que han provocado un desajuste masivo entre ahorro e inversión que aún está lejos de solucionarse y donde nos encontramos dos fuerzas contrapuestas: un sector privado que intenta poco a poco reducir su endeudamiento y aumentar su ahorro y un sector público que hace todo lo contrario e intenta incitar al sector privado a hacer lo mismo. La irresponsable actuación de nuestros políticos está llevando al país a un estancamiento económico que puede durar muchos años.
