Una vez más, el Partido de la Libertad Individual (P-LIB) manifiesta su indignada decepción respecto al Gobierno de Mariano Rajoy, al haber aprobado el pasado viernes en Consejo de Ministros el proyecto de Ley de Cadena Alimentaria, la denominada Ley Cañete. Esta ley, promovida por el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete —uno de los políticos que más han contribuido a la cultura de la subvención en España—, introduce terribles limitaciones al libre comercio entre productores y distribuidores de productos alimenticios, que restarán eficacia a la cadena de distribución y provocarán el alza de los precios y un freno forzoso a la innovación y a la competitividad empresarial.
El ministerio de Agricultura se ha doblegado mansamente ante la capacidad de coacción de los sindicatos agrarios, esta vez apoyados por las asociaciones empresariales del ramo, de manera que todos ellos lograrán blindar sus precios y márgenes de venta a las cadenas del comercio detallista. Este nuevo privilegio se suma a las cuantiosas subvenciones que muchos de ellos ya obtenían tanto de la Unión Europea, en virtud de la nefasta Política Agraria Comunitaria, como de los distintos niveles de las Administraciones Públicas españolas. Y todo ello en pos de un supuesto «equilibrio de las relaciones comerciales», que será definido de manera arbitraria, bajo supervisión de los mencionados grupos de presión, mediante dos organismos públicos de nueva creación: el Observatorio de la Cadena Alimentaria y la Agencia de Información y Control Alimentarios.
Ambos organismos, por supuesto, se financiarán con el dinero de los impuestos de los ciudadanos, y como no podría ser de otra manera con este gobierno, serán gestionados por cargos de libre designación nombrados por el propio gobierno, engordando aún más la factura que los ciudadanos pagamos para mantener el Hiperestado.
Los liberales denunciamos que la Ley Cañete, además, hiper-regulará el modo en que los proveedores y la distribución detallista fijarán sus precios y acuerdos comerciales:
- Introduciendo un alto grado de inflexibilidad en las relaciones y burocratizando el funcionamiento del mercado, al obligar a registrar siempre por escrito los contratos entre las partes y cualquier modificación posterior por pequeña que sea.
- Concediendo al Estado la capacidad sancionadora a instancias de la mencionada Agencia de Información y Control Alimentarios, que actuará como juez y parte en las disputas contractuales usurpando el rol de los Tribunales de Justicia.
- Imponiendo “Códigos de Buenas Prácticas” supuestamente voluntarios pero bajo un duro régimen sancionador, aplicado también por la mencionada Agencia.
Por nuestra parte, los consumidores seremos los principales perjudicados:
- Se restringirá nuestra libertad de elección de productos de alimentación. La Ley Cañete, al restar eficacia al mercado, incentivará al productor poco competitivo y poco innovador, y castigará al productor eficiente. Por ello, los surtidos de los productos en los lineales se empobrecerán tanto por la calidad de los alimentos, como por la falta de innovación y de mejoras tecnológicas. En suma, se reducirá en los lineales el número de marcas y la variedad de productos alternativos.
- Los consumidores notaremos cómo en periodos inflacionistas las subidas de precios se trasladarán muy rápidamente al precio de venta al público.
- Pero, sin embargo, notaremos también cómo los precios de los alimentos no bajarán tan rápidamente o ni si quiera lo harán, cuando haya periodos de caída de precios de las materias primas o de los costes de producción.
En definitiva, los liberales denunciamos que la Ley Cañete, si se aprueba finalmente en estos términos una vez recorrido su trámite parlamentario, se erigirá en el paradigma de la intervención sobre la intervención.
El Secretario de Relaciones Institucionales del P-LIB, Diego Ruiz, ha declarado al respecto que “las terribles ineficiencias que sufre la cadena de distribución agroalimentaria, desde la agricultura base hasta la comercialización al detalle, están provocadas por un sistema económico fundamentado en la subvención y la hiper-regulación de la producción y del comercio», añadiendo que «el Ministro Cañete, como buen socialista, pretende ahora resolver estas ineficiencias, con otra nueva dosis de intervencionismo estatal«. Diego Ruiz, además, ha acusado a la ley Cañete de estar «inspirada en el igualitarismo tan propio del pensamiento políticamente correcto, y sobre todo, en los sistemas económicos corporativistas, ya sean de tinte izquierdista, como el Kirchnerismo en Argentina, o derechista, como el nacionalsindicalismo joseantoniano», para concluir que “esta ley la podría muy bien firmar Cristina Fernández de Kirchner, tras una reunión con la oligarquía de empresarios del ramo en su país”.
