El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) considera la publicación del IRPF de Mariano Rajoy y otros miembros de la cúpula del PP como una torpe maniobra de distracción ante la avalancha de indicios de corrupción extrema y generalizada en ese partido. De nada sirve publicar las declaraciones oficiales cuando lo que está bajo sospecha es la existencia de ingresos adicionales que, obviamente, no se habrían incorporado a las declaraciones del IRPF. Esta burda cortina de humo no consigue contrarrestar la convicción, generalizada entre la ciudadanía, de que durante muchos años la cúpula del PP (y huelga decir que también la del PSOE) pudo cobrar sobresueldos y comisiones en efectivo. La procedencia de esas cantidades habrá que buscarla, presuntamente, en las ingentes aportaciones económicas realizadas al partido por parte de todo tipo de empresas en los más diversos rincones del país, con interés en la adopción de determinadas decisiones políticas.
La trama Gürtel, como la que Juan Guerra articuló para el PSOE décadas atrás desde la Delegación del Gobierno en Sevilla, es apenas la punta de un inmenso iceberg. Es imposible no sonrojarse ante el drama patético que ahora lleva al PP a crucificar a Bárcenas, cuando ayer el mismo Rajoy le defendía, o que ahora provoca el despido de Sepúlveda, cuatro años después de su imputación, para tratar de evitar el cese imprescindible de la ministra Mato. Es imposible tomar en serio la reducción del ingreso personal de Mariano Rajoy, de doscientos mil a setenta y cinco mil euros en un año al pasar a ser presidente del gobierno. Es imposible no sospechar, ante el torrente de indicios, que pueda recibir compensaciones por otras vías, o que las haya recibido en el pasado, cuando ya era más que probable su elección como presidente del Gobierno. Y lo mismo sucede, presuntamente, con toda la cúpula del PP, pero por supuesto también con la del PSOE y con las de los otros partidos políticos con cotas importantes de poder.
Los liberales creemos sinceramente que lo corrupto, en realidad, es el sistema entero: un sistema político-económico en el que medran y proliferan cientos de miles de políticos que encuentran en su actividad un atajo para vivir a costa de todos. La impunidad que siempre ha acompañado en España a la corrupción generalizada de nuestros políticos no puede combatirse, como ahora pretende el jefe de la Oposición, colocando personas supuestamente rectas al frente de los organismos de control, ni complicando aún más el laberinto de instancias controladoras que no controlarán nada mientras sus nombramientos dependan de los propios políticos, ni mucho menos prohibiendo las donaciones de empresas. Al contrario, lo que hay que prohibir es la financiación estatal de los partidos, y de paso la de cualquier otra organización asociativa privada (sindical, cultural, solidaria, empresarial, religiosa o de cualquier otra naturaleza).
Las donaciones deben consignarse con transparencia para público conocimiento, y los ciudadanos deben poder consultar esa información al decidir su voto. Los partidos, como cualquier otra organización asociativa, pueden pagar a sus gestores las cantidades que deseen, incluso millonarias, pero con el dinero que para ello recauden entre sus miembros y donantes. Allá ellos: es un asunto interno que compete a sus afiliados. Pero con el dinero de los contribuyentes, no. El dinero de nuestros impuestos no puede emplearse para pagar a esos dirigentes de organizaciones privadas unos sueldos que, además, superan de una forma escandalosa el salario que esas mismas personas cobrarían si tuvieran que ganarse la vida con trabajos de verdad en el sector privado.
Tenemos una élite partitocrática deplorable, compuesta en su mayoría por vividores sin oficio ni beneficio, apparatchiks y personajes hábiles en la intriga y la adulación pero frecuentemente inútiles o mediocres en lo profesional. Se trata en general de personas que jamás han emprendido negocio alguno y cuando lo han hecho ha sido normalmente en condiciones de injusto privilegio, al cálido amparo del poder político, con información privilegiada de los organismos reguladores o con créditos que ningún banco en su sano juicio habría concedido pero las cajas politizadas sí.
La élite entera del PP y del PSOE, a todos los niveles territoriales, merece ya la indignada reprobación de la ciudadanía, como puso de manifiesto la semana pasada el último barómetro del CIS. Nuestra sociedad merece una catarsis sin precedentes para enviar a sus casas a decenas de miles de políticos populares y socialistas, desde el presidente del Gobierno y el líder de la Oposición —dos personajes que ciertamente desprestigian nuestra marca-país— hasta los innumerables caciques municipales que en toda España medran a costa del erario público y estrangulan la actividad económica incluso al nivel del pequeño comercio local. Esa catarsis generalizada debería incluso dejar al PSOE y al PP definitivamente fuera del juego político, dando paso a formaciones nuevas de todos los colores ideológicos. PP y PSOE deberían quedar relegados a las páginas más grises de nuestros libros de historia reciente, y verse sustituidos por formaciones políticas nuevas que surgieran desde cero y ocuparan sus respectivos espacios ideológicos, con gente completamente nueva y rompiendo con el más que cuestionable pasado de las siglas actuales. Pero incluso esa catarsis no servirá de nada si no se acomete una profunda reforma del Estado, orientada principalmente a su drástica reducción.
El sistema entero está completamente podrido y la solución no pasa por hacer aspavientos de cara a la galería para «limpiarlo», sino por legislar unas cuantas normas elementales que impongan la máxima transparencia en el uso de todos los fondos públicos y, sobre todo, por desterrar de nuestro ordenamiento jurídico la máxima cantidad posible de situaciones en las que una decisión económica de alguien depende de que un político o un funcionario expida una licencia, dé su aprobación o realice algún acto discrecional. Mientras haya discrecionalidad, la corrupción será imposible de erradicar. La condición humana es así. Para evitar el peligro hay que evitar la ocasión. Necesitamos muchas menos leyes y mucho más simples, muchos menos trámites y mucho más automáticos, muchos menos impuestos y mucho más claros y sencillos. Necesitamos menos Estado, y al avanzar por esa senda se irá eliminando la mayor parte de la corrupción porque su hábitat preferido es la res publica.
Quitemos el poder a los políticos y devolvámoslo, atomizado, a los millones de personas que conforman la sociedad civil. Desconcentremos la toma de decisiones, hagamos que éstas no puedan guardar relación con el parecer, la voluntad o los intereses de un concejal ni de un ministro, ni con los planes que elabore una comisión de supuestos expertos o un conjunto de funcionarios y políticos. Hagamos que la economía fluya, que surja sin trabas un orden espontáneo configurado por la acción humana independiente y descoordinada de millones, y estaremos reduciendo la corrupción a su mínima expresión. El problema no es tanto el establishment actual del PP y del PSOE, por corrupto que esté, y sin duda lo está; sino el sistema mismo de Hiperestado donde ese establishment prolifera, pero donde invariablemente lo hará también cualquier otro, con otras siglas u otras ideas, mientras el caldo de cultivo siga siendo el mismo. Lo que hay que erradicar es ese caldo de cultivo: la discrecionalidad, la opacidad y el poder excesivo del Estado a todos sus niveles. El P-LIB está trabajando en un conjunto de medidas prácticas contra la corrupción que se hará público en breve.
El Presidente del P-LIB, Juan Pina, ha declarado hoy que «enseñar ahora las declaraciones de la renta es una burda cortina de humo». «El régimen político nacido de la constitución de 1978 está ya amortizado políticamente, está acabado, como lo están los dos grandes partidos sistémicos, y hace falta otra cosa», ha añadido, señalando que «el sistema actual, plenamente deslegitimado en la sociedad civil, es el caldo de cultivo de una corrupción generalizada a todos los niveles de las administraciones públicas, a causa de la extraordinaria discrecionalidad y opacidad que se ha generado y mantenido deliberadamente«.
