El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) no apoya los objetivos de la iniciativa legislativa popular (ILP) presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, y no lo hace por los mismo motivos que le llevan a no apoyar el rescate del sector financiero, ni el rescate de empresas, ni tampoco el rescate a gobiernos quebrados. Esta iniciativa pretende, al igual que muchas otras, que sean otros ciudadanos los que paguen las deudas. Como suele ser habitual en un país donde los políticos tienen tanto poder, es en este caso un grupo de presión, directamente afectado por un grave problema, el que promueve una iniciativa que sólo se beneficia a él a costa de todos los demás ciudadanos. Por mucho que se adorne, lo que la ILP promueve es trasvasar los fondos generados por el esfuerzo de toda la ciudadanía para costear la resolución del problema de un colectivo concreto. En otras palabras, se pretende arrebatar la riqueza generada por unos ciudadanos que fueron más prudentes, o que se hipotecaron a precios más asequibles, y emplearla para cancelar la deuda hipotecaria de otros ciudadanos (de una u otra forma).
De aprobarse esta iniciativa, se continuaría la socialización de pérdidas que ya padecemos por diferentes vías. La única diferencia es que en este caso no se trata de colectivizar las pérdidas de un banco o de una gran empresa sino las de un hipotecado. El agujero que esta medida provocaría en la banca sería pagado, obviamente, por el contribuyente, al aumentar aún más la deuda pública y posiblemente la carga tributaria ya insoportable que hoy pesa sobre todos nosotros. La inseguridad jurídica, que cada vez es mayor en España, continuaría aumentando con el freno que esta medida supondría para las inversiones más sostenibles. Aumentaría la mora hipotecaria ya que los deudores solventes también dejarían de pagar la hipoteca si el valor de su deuda es mayor que el de la casa. El acceso a una hipoteca sería mucho más caro: la prueba es que la dación en pago ya existe en nuestro ordenamiento jurídico y sin embargo nadie se acoge a ella por exigirse mayor interés y mayores garantías.
El P-LIB lamenta sincera y profundamente las trágicas circunstancias por las que atraviesan miles de personas atrapadas por la crisis con hipotecas que no pueden pagar, pero no cree que la solución sea promulgar una ley que sólo puede calificarse de injusta porque, al final, terminará pagando este despropósito el conjunto de la sociedad.
Si rescatar a un banco con el dinero coercitivamente aportado por toda la sociedad no es ético, rescatar a un hipotecado tampoco lo es, por doloroso que resulte el caso. El P-LIB reitera que el principal responsable de que se haya llegado a esta situación es el Banco Central Europeo, organismo público que monopoliza la creación de dinero y fija de forma arbitraria uno de los precios más importantes de la economía: el interés. Su política trasladó unos incentivos a los agentes económicos para que dieran crédito y se endeudaran, pero estos tampoco están libres de culpa, pues nadie obligó a los bancos ni a los hipotecados a dar y recibir hipotecas, aunque se generaran los incentivos mencionados. Por tanto, ni bancos ni hipotecados pueden pretender que quienes ayer fueron más prudentes les rescaten hoy pagando sus errores, y por tanto ninguno de ellos, ni los bancos ni sus deudores, debe ser rescatado por el resto de los contribuyentes.
Óscar Timón, Portavoz del P-LIB en materia de Economía, ha afirmado que «los liberales estamos tan indignados como el que más. Estamos indignados el Estado y su banca central, que ha llevado a miles de personas a esta terrible situación. Estamos indignados con la banca privilegiada, con los grupos de presión y con la injerencia de todas las administraciones públicas en el mercado de la vivienda, mercado que han distorsionado durante décadas generando este enorme problema. Por eso no pedimos más intervención en dos de los sectores más intervenidos de la economía (el bancario y el inmobiliario) sino terminar con ella de una vez por todas. Esto supone no socializar las pérdidas ni de la banca ni de ningún otro agente; liberalizar de verdad la economía (lo que permitiría un mercado de la vivienda, ya sea en propiedad o en alquiler, eficaz y próspero); abolir los nefastos bancos centrales y su fijación del interés; permitir la libre elección de moneda y acabar con los privilegios de la banca, privilegios que los políticos le otorgan para financiar sus partidos y sus redes clientelares».
