El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) contempla con escepticismo el anteproyecto del Real Decreto por el que se modificará el Reglamento General de Circulación. De la propuesta del gobierno, lo único que podemos apoyar es que se contemple el aumento del límite de velocidad hasta los ciento treinta kilómetros por hora en algunos tramos. Es un avance claramente insuficiente pero va en la buena dirección, aunque lamentamos que la implementación de la medida vaya a quedar a criterio de cada jefatura territorial, con la consiguiente disparidad de resultados que confundirá a los usuarios de las carreteras y podría requerir una proliferación excesiva de señales y cambios de velocidad. Estamos ante un caso más de fatal arrogancia del Estado y de sus políticos y burócratas, que creen tener más información en sus despachos que el propio conductor que pasa en cada momento por la carretera y decide la velocidad en función de las circunstancias. Por otro lado, el anteproyecto expresa claramente algo que ya se ha manifestado en muchos otros ámbitos: la vocación del Partido Popular de regular y controlar la actividad humana hasta extremos asfixiantes.
En el marco actual de titularidad estatal, los límites de velocidad se pueden justificar si son genéricos y razonables, como prevención de actitudes potencialmente peligrosas en vías o tramos donde no sea posible eliminarlos. Pero cuando se intenta sobrerregular pierden su legitimidad y dejan de respetarse, y además se abre un enorme espacio de arbitrariedad sancionadora contra el conductor.
Las nuevas limitaciones de velocidad que recoge el anteproyecto para la circulación urbana son particularmente sospechosas, ya que apenas dejan margen al conductor y ampliarán dramáticamente las posibilidades de recaudación por multas. Al mismo fin recaudatorio se dirige, obviamente, la limitación a cincuenta o setenta kilómetros por hora en infinidad de carreteras secundarias, y la reducción del tope de velocidad a noventa kilómetros por hora incluso en condiciones óptimas. Además, el anteproyecto incluye la aberrante prohibición de los detectores de radar, encaminada igualmente a evitar que los conductores puedan escapar de la voracidad sancionadora del Estado. Las administraciones públicas han pasado claramente a entender la recaudación por multas como una fuente más de su presupuesto ordinario, y la optimizan a costa de los ciudadanos.
Frente a este cúmulo de despropósitos, el P-LIB propone adoptar el modelo de otros países europeos y eliminar los límites de velocidad en los tramos con características técnicas óptimas. En cuanto al límite estándar en los demás tramos de autopistas y autovías, pensamos que podría incrementarse de manera generalizada desde los ciento veinte actuales hasta los ciento cuarenta kilómetros por hora, tal como reivindican desde hace años plataformas cívicas como el Movimiento 140, que siempre ha tenido la simpatía y el respaldo del P-LIB. Los liberales proponemos además no reducir los límites actuales en vías secundarias ni en la circulación urbana, y no prohibir los mecanismos de detección de radares. Además consideramos necesario y urgente acabar con el abuso de la sanción como mera fuente de recaudación tanto en ciudad como en carretera, limitando las sanciones económicas a los casos realmente justificables por comportamientos de alto riesgo para terceros, y priorizando en estos tiempos de crisis, en la medida de lo posible, las sanciones no económicas.
