El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) de Andalucía contempla cómo el escándalo de los ERE fraudulentos consagra en esta comunidad el carácter corrupto, cleptocrático y liberticida de un régimen político agonizante que se resiste a sucumbir y que parece dispuesto a perpetuarse. La ciudadanía andaluza ya se encuentra a caballo entre la indignación y la angustia. La treintena de imputaciones y detenciones ordenadas por la juez Alaya en diferentes puntos de España —que incluyen a altos cargos de la Junta de Andalucía, sindicalistas y empresarios— colocan al régimen en la lógica de las redes de delincuencia organizada. Esto es así si seguimos los criterios de la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional. Es más, sólo la trata de personas y el robo a mano armada serían por ahora excluibles del conjunto de ilícitos que acumula la trama de los ERE, que por lo demás cuadra perfectamente con la definición de delincuencia organizada de la Interpol. Los informes de esta organización han demostrado que la corrupción no sólo deteriora el orden político, social y económico, junto a la confianza en el poder político, sino que fomenta la delincuencia transnacional al favorecerla con la complicidad de los empleados públicos corruptos.
El P-LIB denuncia que el sistema, caracterizado por su neoautoritarismo, continúa con su proyecto de ingeniería social mediante, por ejemplo, la emisión de programas televisivos sonrojantes como “Salud al Día”, “Se llama Copla” o “Andaluces por el Mundo” (que bien podría llamarse “Exiliados laborales por el Mundo”), programas que, para mayor escarnio, pretenden convencer a dicha ciudadanía, exhausta de propaganda y de gestión ruinosa, de que disfruta de un gran nivel de vida, empleando para ello bochornosos argumentos como el buen clima, las posibilidades de ocio y la riqueza folclórica de la región.
El Coordinador andaluz del P-LIB, José Antonio Peña, ha declarado hoy en Sevilla que “al régimen sólo le resta ya, en este contexto de debacle económica, prometer a la ciudadanía que alguna vez podrá trepar por el engranaje político-administrativo autonómico, o participar de las migajas del mismo, en un contexto en el que, aunque desde una perspectiva jurídico-técnica es posible la alternancia en el poder, de facto resulta imposible”, pues se ha ido consolidando durante tres décadas un “sistema descomunal de propaganda, ayudas, subvenciones, extensas y tupidas madejas clientelares de todo tipo, y, por supuesto, corrupción a gran escala, que ha logrado obturar o cortocircuitar casi cualquier posibilidad de reforma del régimen”. «Esto ha generado una situación de excepción poco compatible con la normalidad democrática”, ha concluido Peña.
