El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) considera parcial e intrusiva la acción del Poder Ejecutivo respecto a la imputación de Cristina de Borbón, suspendida ayer. Es prácticamente insólito que una audiencia ordene suspender una imputación, dejando así indefensa a una persona sobre la que pesan sospechas de graves delitos. Esta decisión de la audiencia se ha tomado por dos votos frente a uno y a propuesta de la Fiscalía, que en nuestro Derecho actúa siempre bajo subordinación jerárquica y depende de Justicia. Parece que al establishment le interesa más evitar la imagen de Cristina de Borbón declarando que la indefensión jurídica derivada de no poderlo hacer. El P-LIB considera sospechosa la actuación de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía Anticorrupción en este procedimiento. En vez de defender respectivamente los intereses del Estado (en este caso el esclarecimiento de la trama de malversación de fondos públicos) y la lucha contra la corrupción, ambas instancias parecen haber coordinado sus esfuerzos con los del gobierno Rajoy para torpedear la investigación y el procedimiento. Se hace difícil creer que no ha habido presiones políticas a las instancias judiciales, como también es difícil creer que la copropietaria de una sociedad ignorara por completo y durante tantos años a qué se dedicaba, máxime cuando presuntamente se beneficiaba de los negocios ilegales investigados al repercutir en los ingresos domésticos de su familia.
Pero lo que resulta de todo punto intolerable es el posicionamiento del Ejecutivo, expresado ayer por el ministro de Asuntos Exteriores, al dejar entrever que, por tratarse de una Infanta de España, el caso de Cristina de Borbón debe tratarse de manera diferente a otros. Los liberales recordamos que todos los ciudadanos somos iguales ante la Ley, y no admitimos que unos ciudadanos puedan ser «más iguales» que otros. Cristina de Borbón debe recibir exactamente el mismo trato judicial que cualquier otro ciudadano, sin que su parentesco deba perjudicarla ni favorecerla. El P-LIB exige al Poder Ejecutivo que deje actuar a la Justicia y se mantenga al margen de este caso, que debe dilucidarse hasta las últimas consecuencias y concluir con la atribución de las responsabilidades penales que en su caso determinen los tribunales.
