El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) reitera su oposición a la reforma educativa que está llevando a cabo el Partido Popular. Esta reforma no va a dotar a nuestro sistema educativo de mayor libertad ni de una calidad superior. El sistema educativo español ha demostrado sobradamente su estrepitoso fracaso en todos los rankings internacionales, como los informes PISA, que coinciden invariablemente en señalar su incapacidad de impulsar la excelencia académica. Es, además, un sistema zigzagueante en sus contenidos, que dependen de cuál de los dos grandes partidos colectivistas esté en el poder. No es serio que en menos de cuarenta años de democracia vayamos ya por la séptima ley educativa. Ambos partidos muestran una y otra vez su empeño en hacer de la educación un ariete de sus estrategias de ingeniería social y control ideológico de la población. Cuando gobiernan los socialistas, inyectan sus valores en la sociedad mediante su control sobre los contenidos que se imparte a la infancia, y así surgen materias como Educación para la Ciudadanía. Ahora gobiernan los populares, socialdemócratas de centroderecha, y se aprestan a deshacer lo anterior y a sustituirlo por su propia inoculación de valores a esa misma infancia. Los liberales estamos hartos de que sea el Estado, bajo uno u otro gobierno, quien decida qué valores, principios y tendencias culturales deben prevalecer en la sociedad. Estamos hartos de que los niños sean rehenes de los delirios ideológicos de los partidos políticos y de su enfermiza obsesión de moldear la sociedad a su capricho.
Los liberales creemos que el Estado no debe intervenir en la educación. Como mucho, puede garantizar el universal acceso a la misma, mediante sistemas de cheque que permitan a las rentas más bajas escoger en libertad la escuela deseada. Pero lo que no es ya soportable por más tiempo es que el Estado se arrogue el derecho de gestionar de forma directa miles de escuelas de pésima calidad, burocratizadas e inflexibles, e imponerles un currículo común claramente destinado a esculpir las mentes de los niños con un mismo molde, sea cual sea. En materia curricular, la legislación educativa debería limitarse a establecer un marco general de contenidos mínimos, principalmente relacionados con las destrezas esenciales necesarias para desenvolverse en sociedad (por ejemplo las matemáticas o la lengua o lenguas que cada familia escoja) y para afrontar estudios posteriores de naturaleza superior o especializada. En ese currículo común mínimo no debería imponerse contenidos de índole ideológica, filosófica o religiosa, sea cual sea la naturaleza de los mismos, pues estos deben depender exclusivamente de las preferencias de cada familia al escoger escuela (o al educar en el hogar, opción cuya legitimidad los liberales reconocemos, proponiendo por tanto su plena legalización). El Secretario General del P-LIB, Javier López, ha declarado que «los liberales consideramos que la educación es demasiado importante para dejársela al Estado, y abogamos por devolvérsela a la sociedad civil».
