El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) expresa su rechazo a las declaraciones de la directora general de Tráfico, María Seguí, sobre el uso obligatorio del casco ciclista. Aunque ha invitado a los grupos parlamentarios a debatir los pros y contras del uso obligatorio del casco en ciudad para los ciclista, parece claro que poco le importa lo que se pueda argumentar en contra de esta medida, ya que ha afirmado que es “incuestionable” el beneficio del casco ciclista e «irrefutable» la necesidad de imponer su uso mediante coerción legal y con represalias a quien no obedezca. Los liberales no cuestionamos el beneficio del casco ciclista, sino su imposición y la multa a quien, en el pleno uso de sus facultades y ejerciendo sus derechos individuales, decida no llevarlo. Lo mismo opinamos sobre la obligatoriedad de usar el cinturón de seguridad en los coches o el casco en ciclomotor y motocicleta, cuya obligatoriedad también se refuerza en este nuevo reglamento. Con la excusa de protegernos de nosotros mismos, el Estado recorta la libertad de todos y saquea a quienes no le obedecen.
Son ya demasiadas veces las que hemos escuchado el supuesto compromiso que están adoptando las instituciones para el fomento de la bicicleta (fomento que no consideramos competencia del Estado), pero medidas como la obligación de llevar casco ponen de manifiesto que al Estado en realidad le da igual fomentar el uso de la bicicleta: sólo le interesa recaudar y reducir los datos de accidentes para ponerse medallas. Varios son los estudios que presenta María Seguí para apoyar sus medidas. Aunque los estudios son veraces, las cifras de disminución de víctimas son escasas. Además, Seguí parece obviar deliberada e interesadamente otros estudios y experiencias que muestran que esas medidas solucionan poco y generan nuevos problemas. El P-LIB invita a la señora Seguí a reflexionar sobre estos cuatro aspectos del problema:
1. El incremento en el número de incidentes de tráfico con bicicletas, que es uno de sus argumentos para imponer la obligación, es en realidad paralelo al crecimiento del número de usuarios de este medio de transporte para sus desplazamientos cotidianos. No hay más incidentes por falta de casco, sino porque se usa más la bicicleta.
2. Tras diez años de obligatoriedad del casco ciclista en carretera, no ha descendido la siniestralidad ciclista ni sus consecuencias, mientras que otros países de la UE donde no existe esta obligación presentan cifras de siniestralidad muy bajas. Por lo tanto, reducir las políticas de seguridad vial a la mera amortiguación de los golpes es una chapuza, más evidente aún cuando no se notificará como falta grave, en cambio, la ausencia de iluminación en las bicicletas.
3. Los datos que arroja el estudio de la doctora Dorothy Robinson, de la Universidad de Nueva Inglaterra, sobre los resultados de esta medida en Australia hace veinte años, demuestran lo contraproducente que es esta medida para el fomento del uso de la bicicleta, supuestamente deseado por los mismos políticos. El informe concluye que “la obligatoriedad del casco desincentiva el uso de la bicicleta y no produce una respuesta significativa en el descenso de daños en el cráneo”. Además, el casco aporta, una falsa sensación de seguridad que induce a ciclistas y conductores a ser menos prudentes.
4. Otro problema que genera esta medida es su integración con los servicios de préstamo de bicicletas, obligando a adecuar los medios y tarifas de estos servicios e incrementando su coste para los usuarios.
Javier Abellán, miembro del Comité Ejecutivo del P-LIB, ha manifestado que «los liberales denunciamos una vez más el insoportable paternalismo de las instituciones estatales, cuyas buenas intenciones siempre culminan en medidas cuyos resultados son opuestos a los anunciados, pero que siempre resultan muy efectivas en cuanto a la recaudación y a la limitación de nuestra maltrecha libertad individual».
