El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) contempla con preocupación la reforma del Código Procesal Penal, instada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en lo relativo a la inspección remota de soportes informáticos. El artículo 350 y siguientes de la norma, una vez reformada, permitirían a los jueces espiar a distancia los ordenadores de todo tipo, los teléfonos móviles y otros dispositivos de datos, incluso instalando para ello de forma remota troyanos y spyware, lo que entre otras cosas revelará claves bancarias, contraseñas de redes sociales y de todo tipo de servicios online, etcétera. El ministro pretende que este espionaje judicial sea legal para cualquier delito penado con más de tres años de prisión. En Alemania una ley similar fue rechazada por el Tribunal Constitucional y se aplica exclusva y extraordinariamente a los casos de terrorismo. La comparación resulta muy reveladora. El PP parece decidido a llevarnos por la senda antijurídica que se inauguró en los Estados Unidos con la Patriot Act. El P-LIB acepta la necesidad de que los jueces instructores puedan interceptar temporalmente comunicaciones privadas, como ya se viene haciendo con las conversaciones telefónicas o con el correo. Pero la propuesta de Ruiz-Gallardón va mucho más allá, porque en un soporte informático no hay solamente comunicaciones sino archivos y documentos de toda índole.
Los liberales creemos que el texto propuesto no recoge con suficiente claridad ni con el debido rigor la limitación a tipos delictivos concretos, ni la imprescindible cautela en el uso judicial de estas nuevas atribuciones, ni tampoco la protección de los derechos individuales de las personas investigadas. Horroriza imaginar el calvario por el que pasarán las personas inocentes cuyos ordenadores sean monitorizados por la policía judicial, y parece de sentido común exigir un refuerzo de la tutela judicial, que en estos casos debe ser muy superior a la que se da ante una simple intercepción de conversaciones telefónicas. La destrucción de los datos tras la investigación, su no transmisión a personas o entidades diferentes del juez instructor, o la limitación de toda extracción de datos a la materia y a la persona investigadas, son algunas de las áreas en las que el texto legal debe mejorar sustancialmente para ser aceptable.
El Secretario General del P-LIB, Javier López, ha declarado hoy que «una vez más, el ministro Ruiz-Gallardón actúa como el enemigo máximo de las nuevas tecnologías de información y comunicación». «En este caso —ha añadido— se habilita una nueva potestad judicial, pero debemos recordar que los cuerpos encargados de ejecutarla dependen jerárquicamente del Poder Ejecutivo». «Cuando, además, nos encontramos ante intentos evidentes del Estado, en España y en muchos otros países, de someter a Internet a controles de todo tipo, no puede dejar de preocuparnos que ahora cualquier juez de instrucción pueda autorizar sin más el espionaje, no ya de las comunicaciones, sino de todo lo que habitualmente guardamos en nuestros ordenadores», ha concluido.
