El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) condena enérgicamente el nuevo y descarado incremento del robo estatal a los ciudadanos como consecuencia del enésimo parche a nuestro fallido sistema de pensiones, quebrado como consecuencia de su total y absoluta insostenibilidad. Todos estos vaivenes, recortes y cálculos realizados una y otra vez en pos de la imposible cuadratura del círculo demuestran que los defensores del sistema saben perfectamente que está herido de muerte, y ya sólo buscan terapias que prolonguen la agonía para situarla fuera de su mandato. Los supuestos expertos argumentan ahora en torno al falso «factor de sostenibilidad» de un sistema que, en realidad, es estructuralmente insostenible. Sólo ofrecen tres «soluciones»: aceptar con resignación un empobrecimiento aún más grave de los pensionistas, aumentar más aún el esfuerzo ya insoportable de los trabajadores en activo, e incrementar por arte de magia el número de cotizantes actuales, a quienes —conviene recordarlo— se les quita su dinero, no para capitalizarlo y devolvérselo en la vejez, sino para atender, y mal, los compromisos anteriores del Estado con los trabajadores a los que esquilmó en su día, cuyo dinero se gastó y a los que ahora debe pagar una pensión. Esta bola de nieve es consecuencia del enfoque piramidal del sistema, en el que se paga a los antiguos cotizantes con el dinero de los nuevos. En todo el mundo, la legislación prohíbe a las empresas y particulares establecer ese tipo de esquemas piramidales, llamados Ponzi, por considerarlos una estafa. Sin embargo, muchos Estados (incluido el nuestro) lo emplean aún en su sistema de pensiones.
Los liberales consideramos que la solución no es establecer la pérdida obligatoria de poder adquisitivo de los pensionistas, ni retrasar forzosamente la edad de jubilación, ni aumentar el periodo computado, ni tampoco indexar el monto de las pensiones nada menos que a la esperanza de vida colectiva. La solución es expulsar de una vez al Estado de una cuestión tan importante para todos como es la previsión de la última etapa de nuestras vidas. El Estado, que es un planificador torpe y un gerente nulo, cuando no corrupto, debe desaparecer de las decisiones relativas a esa previsión. Corresponde a cada trabajador generar a lo largo de su vida laboral el fondo necesario para atender sus futuras necesidades. La industria aseguradora y financiera provee infinidad de opciones para generar y capitalizar ese fondo. El Estado debe limitarse a garantizar la universalidad contribuyendo con el mínimo legalmente exigido a los fondos de aquellos trabajadores que no puedan cotizar. Los fondos deben ser gestionados por entidades privadas en régimen de libre competencia, con la protección jurídica necesaria para que en caso de quiebra no respondan con los fondos gestionados sino exclusivamente con su patrimonio privativo.
Los liberales consideramos repugnante la connivencia de todos los partidos del llamado Pacto de Toledo con el mantenimiento de este sistema empobrecedor, que no devuelve a los trabajadores ni una mínima parte de lo que cotizaron. Llama especialmente la atención que los sindicatos se cuenten entre los mayores defensores de este mecanismo de robo sistemático al trabajador durante toda su vida laboral. Este pacto de silencio, esta omertà mafiosa de partidos, sindicatos y patronal, se mantiene para seguir esquilmando a la población, para robarle durante décadas una parte sustancial del sueldo a cambio de unas migajas cada día más miserables en la vejez. El Presidente del P-LIB, Juan Pina, ha declarado hoy que «frente a este expolio impropio de una sociedad libre y de un Estado de Derecho, los liberales apoyamos la Declaración de Salamanca y nos comprometemos una vez más a la abolición del sistema de reparto y a la implantación de un sistema de capitalización individualizada a beneficio de cada trabajador», recordando que «el P-LIB es el único partido que se compromete a ello».
